Diputados federales de Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pertenecientes a la Comisión de Salud, alertaron al Gobierno federal a no usar la vacuna cubana Abdala contra Covid-19 ya que no cuenta con certificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En un comunicado conjunto, los legisladores señalaron que en vista del repunte de casos de Covid-19, y a pesar de las declaraciones por parte de las autoridades sanitarias que lo minimizan, es urgente elaborar y ejecutar de manera inmediata un plan de vacunación en el país.
“Debemos tomar las previsiones necesarias para cubrir a toda la población que no ha sido inmunizada y a los que requieren la dosis de refuerzo, principalmente niñas y niños, aplicando solamente las vacunas autorizadas por la OMS”, enfatizaron.
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Indicaron que en el catálogo de vacunas disponibles para su administración en la próxima campaña de vacunación se encuentra la Abdala, originaria de Cuba.
Sin embargo, destacaron que este producto no ha obtenido la aprobación de la OMS y la información sobre la disponibilidad de dosis sigue siendo desconocida.
Además, apuntaron los legisladores panistas y priistas, al parecer la vacuna PATRIA de producción nacional no estará disponible, a pesar de la promesa de López Obrador de que estaría lista para esta temporada.
“Quienes firmamos el presente comunicado, rechazamos la promoción y administración de vacunas no respaldadas por las autoridades sanitarias, ya que no existe certeza en cuanto a su capacidad para brindar una protección eficaz contra la enfermedad.
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“Además, la falta de investigación exhaustiva podría dar lugar a efectos secundarios no identificados o no informados, lo que plantea una seria amenaza para la salud pública”, advirtieron.
Señalaron que sin estudios clínicos exhaustivos y datos científicamente sólidos no se pueden hacer recomendaciones informadas sobre el uso de estas vacunas en diferentes grupos de población, como personas con afecciones médicas subyacentes mujeres embarazadas.
Advirtieron que esto podría aumentar la desconfianza en la vacunación en general, lo que podría tener un impacto negativo en los esfuerzos de salud pública para controlar la propagación de enfermedades.