La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) desechó una queja contra las corcholatas de Morena por sus giras por el país, como parte de la elección del coordinador nacional en Defensa de la Transformación.
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Un ciudadano presentó una queja contra el Morena y seis por la realización de eventos en 13 estados del país y diversas manifestaciones y expresiones en redes sociales durante reuniones.
Sin embargo, la Comisión determinó que no procede ordenar el cese de dichas acciones, ya que se consideran actos consumados, pues se llevaron a cabo entre el 26 y el 29 de junio pasado.
En otro asunto, se presentó una queja contra Morena y una televisora debido a la supuesta contratación o adquisición de tiempos en televisión, así como a la posible difusión de propaganda político-electoral fuera de los horarios autorizados por la autoridad electoral.
Se resolvió que no procede ordenar el cese de la difusión, ya que no se encontró el material denunciado, lo que sugiere que estos ya han ocurrido y se consideran actos consumados.
Por otra parte, se conoció una solicitud de medida cautelar en la que se alegó uso indebido de recursos contra Claudia Sheinbaum Pardo y la alcaldesa de Nayarit, derivado de la publicación de un video en la cuenta oficial Facebook de la funcionaria, en el que se informa sobre su licencia al cargo.
Los consejeros determinaron como improcedente la solicitud, ya que debe mediar voluntad para acceder al contenido específico y no se advierte peligro en la demora que justifique su retiro.
A su vez, Morena presentó dos denuncias contra Gustavo Adolfo de Hoyos Walther, por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, derivado de publicaciones realizadas en redes sociales.
Al respecto, se resolvió improcedente ordenar el retiro de las mismas, ya que una no se encuentra visible, por lo que se trata de actos consumados, y sobre las publicaciones visibles, debido a que debe mediar voluntad para acceder al contenido.
Sin embargo, la Comisión consideró oportuno hacer un recordatorio a De Hoyos Walther para que, en todo tiempo, se ajuste a los límites y parámetros constitucionales, recalcando la obligación de conducirse acorde a los principios de legalidad y equidad.
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