El Instituto Nacional Electoral (INE) fiscalizará los procesos internos para elegir al coordinador nacional por la Defensa de la Transformación y al constructor del Frente Amplio por México, como si fueran precampañas, y establecerá un tope de gasto de 34 millones de pesos por aspirante.
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La sesión comenzará a las 20:00 horas, en acatamiento a un ordenamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que pidió emitir las reglas de esos procesos con los que los partidos arrancaron la sucesión presidencial, meses antes de que oficialmente iniciaran las precampañas.
De acuerdo con el proyecto que se someterá a discusión, prácticamente los lineamientos son los que se utilizan durante las precampañas, con la excepción de que se les permitirá a los servidores públicos participar sin renunciar a sus cargos, aunque este último punto estará a debate en el organismo electoral.
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“El Instituto realizará la certificación de los elementos de propaganda colocada en vía pública, tales como espectaculares, en vehículos de transporte público y pinta de bardas, así como en redes sociales”, indica el documento.
Las encuestas también serán fiscalizadas, ya sea que las realicen empresas o personas físicas por su propia cuenta o por orden de partidos, se deberá informar a la autoridad.
Entre las reglas, se espera que se fije un tope de gastos, tal cual se hace en las precampañas, y que las erogaciones de los aspirantes en propaganda sean fiscalizadas y se entreguen informes para calcular si alguno rebasó el monto permitido.
“El Instituto realizará la certificación de los elementos de propaganda colocada en vía pública, tales como espectaculares, en vehículos de transporte público y pinta de bardas, así como en redes sociales”, señala
También se permitirá las aportaciones de los aspirantes y militantes, pero se prevén restringir que partidos, empresas, gobiernos y organismos internacionales aporten para su proselitismo.
Los participantes podrán aportar hasta 2.1 millones de pesos; los militantes o simpatizantes tendrán un límite de 537 mil pesos y deberán estar plenamente identificados con recibos.
“El periodo sujeto a fiscalización objeto de los presentes Lineamientos iniciará con el acuerdo o convocatoria para la celebración del Proceso Político y concluirá con la publicación de los resultados o declaración final”.
Los aspirantes tendrán un tope de gastos de 33.4 millones de pesos, y tal como en las precampañas, deberán entregar un informe de gastos y la Comisión de Fiscalización elaborará un dictamen que será discutido en el Consejo General el 15 de diciembre próximo; es decir, días antes de arrancar las precampañas presidenciales.
En caso de incurrir en casos graves u omitir la presentación de su informe, los lineamientos advierten que serán sancionados conforme al artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que contempla desde una amonestación hasta la pérdida de derecho al registro como candidato.
En el caso de la participación de funcionarios en apoyo a alguno de los aspirantes, los lineamientos tendrán casi las mismas directrices que en las precampañas, se les permite acudir a actos en días inhábiles o fuera de su horario de trabajo.
Acorde a las reglas que ya había fijado la Comisión de Quejas y Denuncias, los mítines de los aspirantes no podrán contener mensajes electorales, llamados al voto o manifestaciones que señalen sus aspiraciones a un cargo, pues eso se podría configurar como actos anticipados de precampaña y campaña.
Otra de las reglas es que los aspirantes deberán facilitar el acceso a los verificadores del INE para fiscalizar sus actos, con la advertencia de que cualquier obstrucción o incitación a los asistentes para identificarlos será sancionada.
PGR