Los dos voceros de los transportistas que se manifestaron este lunes en Chilpancingo, Guerrero, estarían relacionados con el grupo delictivo “Los Ardillos“.
Así lo dio a conocer Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil (SSPC) en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al respecto, Rodríguez Velázquez presentó una lámina que reza “Manifestación de Transportistas afines al grupo criminal ‘Los Ardillos’ en Chilpancingo” y sobre esta dijo que:
La violencia que se registra desde el sábado en Chilpancingo, Guerrero, luego del ataque y muerte de seis taxistas, el secuestro de uno más y el cierre de gran parte de las actividades económicas, alcanzó niveles insospechados este lunes tras bloqueos y enfrentamientos con autoridades.
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“El vocero principal está aquí identificado en la lámina -Gilmar Jaír Sereno Chávez-, quien ha organizado este tipo de movilizaciones en otros tiempos; ya es investigado por parte de las autoridades (…) son personas afines a este grupo criminal”.
La funcionaria detalló que el segundo dirigente, Guillermo Matías Marrón, autonombrado como presidente de la Organización de Comisarios de Guerrero, es dueño de una empresa constructora y que tiene diversos mandatos judiciales en su contra.
En la gráfica con sus datos se lee que ha inaugurado obras públicas con alcaldes de la Región de la Montaña y que hay una orden de aprehensión ens u contra por el delito de abuso de confianza.
Tras esta presentación, la encargada de Seguridad en el país dijo que:
“Son personas afines a este grupo criminal conocido como ‘Los Ardillos’ y se inició una investigación de los hechos el día de ayer, y se dio la indicación de no caer en provocaciones porque se tiene información de que mucha gente fue obligada a manifestarse”.
Además de que, a través de la Mesa de Paz y Seguridad encabeza por la gobernadora Evelyn Salgado se busca la liberación de los funcionarios públicos detenidos.
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Desde el fin de semana se han presentado varios hechos violentos en Chilpancingo tras el asesinato de 6 taxistas, y el secuestro de uno más lo que generó el cierre de varios negocios en la ciudad.
Y ayer, más de 2 mil habitantes de Mochitlán, Quechultenango y Juan R. Escudero obligaron el retiro de un grupo de más de 500 policías antimotines y de la Guardia Nacional (GN) en su camino a la capital para solicitar la liberación de dos líderes transportistas que fueron presuntamente detenidos en posesión de drogas y armas de fuego.