La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que ser mujer o persona con capacidad de gestar es suficiente para reclamar, mediante juicio de amparo, la reclamar inconstitucionalidad del aborto.
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Con esa determinación, se da un paso para la despenalización del aborto por medio de amparos y ya no esperar a que las entidades legislen al respecto.
En su fallo, la Primera Sala consideró que las normas que penalizan el aborto inciden en el significado cultural y social de los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, contribuyendo a construir un imaginario social adverso para el ejercicio de sus derechos humanos, pues fomentan la creencia sobre la incorrección ética del aborto y otras opciones reproductivas.
Además, esas normas aumentan el estigma para quienes acuden a estos servicios de atención médica desde nociones y concepciones estereotípicas y discriminatorias y generan un temor en los profesionales de la salud, aun cuando las legislaciones penales no criminalicen ciertos abortos, lo que puede provocar desigualdad en la provisión de los servicios de salud.
La Sala deliberó que las normas que penalizan el aborto potencialmente pueden comprometer o limitar el acceso de las mujeres y personas con capacidad de gestar a una debida protección de sus derechos humanos a la autonomía reproductiva, a la vida, a la no discriminación, la salud y la integridad.
A las mujeres y personas gestantes la penalización del aborto les impacta colateralmente en un grado suficiente para afirmar que se genera en su contra una afectación relevante, cualificada, actual y real, en tanto que contienen disposiciones que les vinculan a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia.
Al respecto, el Alto Tribunal sostuvo que si bien es cierto que las normas que penalizan el aborto afectan directamente a las personas gestantes, lo cierto es que existe un mensaje discriminatorio para quienes cuentan con la capacidad de gestar y no tienen un embarazo en curso que impacta en su derecho de elegir su plan de vida y en sus derechos sexuales y reproductivos, de forma tal que, sin que sea necesario requerir que la persona se encuentre embarazada y que además no tenga la voluntad de continuar con el embarazo, le asiste el derecho a cuestionar por la vía constitucional la forma en la que el legislador decidió criminalizar la conducta de la mujer para proteger el derecho a la vida del producto en gestación.
Lo anterior, con objeto de que la persona juzgadora de amparo analice si la distinción que hace el legislador respecto de las mujeres, en especial, tiene una base sólida y constitucionalmente aceptable o no, es decir, si impacta desproporcionalmente sus derechos.
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De esta manera, la Sala concluyó que la sola condición de mujer o persona con capacidad de gestar es suficiente para reconocer el interés legítimo para impugnar mediante juicio de amparo la regulación del delito de aborto, sin necesidad de que exista un acto de aplicación de las normas penales al reunir los requisitos para tener acreditada una afectación individualizable y diferenciada como tercera a la norma.
CSAS