La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá un proyecto que propone invalidar la segunda parte del Plan B por violaciones al proceso legislativo, con lo que quedaría anulada en su totalidad la reforma electoral que recortaba la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE).
En mayo pasado, la Suprema Corte invalidó el primer tramo de esos cambios legales, correspondientes a las leyes General de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas.
Se prevé que, en los próximos días, el Pleno discuta el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, que propone anular lo que resta del Plan B, porque su discusión se dio en el mismo procedimiento legislativo en el que se hallaron irregularidades.
De aprobarse la invalidación, quedaría vigente el sistema electoral producto de la reforma de 2014, con el que se organizarían las próximas elecciones presidenciales.
En un comunicado, la Corte señaló que analizará el decreto de reformas a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, Partidos Políticos, así como la Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y la General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el pasado 2 de marzo de 2023.
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El proyecto propone declarar la invalidez de esta segunda parte del llamado Plan B en materia electoral, pues se estima que, durante la aprobación, el Congreso de la Unión incurrió en múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo, las cuales son suficientes para invalidar la totalidad del decreto, lo que es “congruente con la doctrina jurisprudencial que la Corte ha sostenido en más de treinta asuntos y que recoge los requisitos mínimos para que un proceso legislativo sea válido”.
El proyecto considera que todas las violaciones acreditadas al analizarse la primera parte de este paquete de reformas también se actualizan en este caso, por la simple razón de que ambos Decretos compartieron, en términos generales, el mismo proceso legislativo.
La Cámara de Diputados jamás expuso razones para justificar el trámite urgente de las iniciativas; los legisladores no tuvieron oportunidad de conocer las propuestas porque no se publicaron ni se distribuyeron con la anticipación exigida por el Reglamento de la Cámara de Diputados y tampoco gozaron de un plazo razonable para conocer lo que estaban votando, pues en total se trataba de reformas a más de 500 disposiciones que nunca fueron dictaminadas, que presentaron en el momento de iniciar la sesión y que se aprobaron en tan solo cuatro horas.
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En la segunda parte del Plan B se hallaron violaciones adicionales graves al proceso legislativo que no habían sido planteadas en el asunto anterior, como que la iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria, fue sustituida por una versión modificada cuando ya se discutía en el pleno de la Cámara de Diputados, sin que se diera cuenta de la sustitución ni de las modificaciones a los legisladores.
Además, se demuestra que el Legislativo modificó artículos del proyecto que ya habían sido aprobados por ellas en sesiones anteriores, cuando el artículo 72, inciso E, de la Constitución Federal prohíbe tajantemente que se revisen los preceptos ya aprobados por ambas Cámaras.
El proyecto concluye que todas estas violaciones en su conjunto mermaron gravemente la posibilidad de los legisladores federales de participar de forma activa e informada en la deliberación de las normas sometidas a votación y, por ende, son suficientes para invalidar la totalidad del decreto impugnado.