El presidente Andrés Manuel López Obrador sí infringió la ley con su llamado a votar por los candidatos de Morena a diputados y senadores y por ello el Tribunal Electoral le impondrá medidas cautelares.

Así se desprende del proyecto de sentencia SUP-REP-114/223, elaborado por la magistrada Janine Otálora, que será discutido en la reunión del pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el próximo miércoles.

El anteproyecto propone desechar el acuerdo que había tomado la Comisión de Quejas del INE, hace unos días, mediante el cual desestimaron las quejas presentadas por PAN y PRD, y por los diputados Jorge Álvarez Máynez y Federico Döring.

Dicha Comisión consideró que no había necesidad de aplicar medidas cautelares al Presidente por sus llamados a votar por una mayoría que le diera el control del Congreso a su partido en 2024 “porque el proceso electoral no ha iniciado’’.

“Para decidir sobre la adopción o no de medidas cautelares, la Comisión de Quejas y Denuncias toma como referencia los criterios validados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, en el caso de las declaraciones del Presidente de la República en sus conferencias mañaneras del 9 y 11 de mayo, la Comisión siguió el precedente SUP-REP-89/2023, el cual confirma la improcedencia de medidas cautelares cuando se trata de expresiones que aluden a la renovación del Poder Legislativo, siempre y cuando no se realicen dentro del proceso electoral ni se llame al voto por un partido político específico’’, justificaron los consejeros electorales.

Sin embargo, Otálora difiere de este acuerdo porque se demuestra claramente que el Presidente hizo un llamado a votar por su partido en el 2024 provocando un desequilibrio en la contienda que si no se contiene, “puede provocar un daño irreparable’’.

El proyecto de la magistrada establece que la “libertad de expresión de los servidores públicos “cede respecto del principio de imparcialidad, ya que se trata de un mandato regulado a nivel constitucional y legal y el Presidente de la República, un deber de reforzarlo, de respetarlo’’.

“Las expresiones’’, continúa el documento, “a planes electorales, llamados a votar y no votar conforme a la apariencia de buen derecho, de ninguna forma pueden ser parte del ejercicio de comunicación, transparencia y rendición de cuentas, por el contrario, éstas pudieran alterar la equidad en la contienda electoral o influir en las preferencias de la ciudadanía’’.

Luego de hacer un análisis de las conferencias presidenciales del 9 y 11 de mayo pasado, Otálora propone “vincular al Presidente de la República que se abstenga de realizar expresiones y declaraciones de índole electoral, en especial llamamientos al voto de partidos políticos y/o movimientos, así como utilizar los espacios de comunicación oficial y aprovechar las funciones inherentes a su cargo con fines político-electorales’’.
El proyecto indica, que de aprobarse, la oficina de Comunicación Social tendrá 24 horas, después de haber recibido la resolución, para bajar de todos los medios de comunicación las conferencias presidenciales de ese día.

Igualmente, advierte que, de recurrir en esas conductas, la Comisión de Quejas del INE tiene la obligación de pedir a cadenas de televisión y radio dejar de transmitir los mensajes presidenciales.

Es el proyecto, falta aún que el pleno del Tribunal lo apruebe, lo que también permitirá a la ciudadanía conocer cómo andan las fuerzas dentro del organismo de máxima deliberación en materia electoral.

LEG