La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará hoy los alcances del fallo mediante el cual se declaró inconstitucional el decreto del 2021 con el que el presidente López Obrador pretendió declarar de “seguridad nacional’’ la información de sus obras emblemáticas.

El decreto está muerto, en la basura, pero la Corte tiene que definir a partir de cuándo se aplicará dicho fallo para dar tiempo a la administración federal de que lo cumplan.

Aunado a ello, también podría conocerse la opinión de la Corte sobre la queja que interpuso el Inai en contra del Ejecutivo por el nuevo decreto que, en esencia, reserva la información sobre la construcción del Tren Maya, el Transístmico y los aeropuertos de Chetumal, Palenque y Tulum.

El nuevo decreto fue publicado por el Presidente unas horas después de que la Corte declarara invalido el primero.
La SCJN debatirá este tema en medio de las presiones que los simpatizantes de Morena ejercen, desde hace semanas, sobre los ministros y sus colaboradores.

Aunque los morenistas se han cebado con la figura de la ministra presidenta, Norma Piña, los ataques van dirigidos a quienes no votan en el sentido que le favorece al Gobierno.

Además de Piña, las baterías de Morena se enfilan hacia el ministro Javier Laynez Potisek, que deberá presentar en los próximos días el proyecto sobre la constitucionalidad o no de la segunda parte del Plan B electoral del lopezobradorismo.

Laynez se volvió meme a partir de su reacción al escuchar los argumentos de la ministra Yasmín Esquivel, que pretendía justificar que la inconstitucionalidad del primer decreto solo aplicaba “para el Ejecutivo’’, es decir para el Presidente o la presidencia, y no para el resto de las entidades públicas.

La corrección de Laynez y Piña a esta equivocada visión de Esquivel solo alentó los ataques en contra de ellos de parte de los morenistas.

En el fondo, la estrategia es, sin duda, colocar un falso debate sobre las capacidades de ambos juzgadores para tapar o que no se evidencien los fallos legislativos y constitucionales a la hora de presentar una ley reformada.

Y de paso, también colocar en la narrativa nacional el “enfrentamiento’’ entre poderes como una forma de proteger a su amiga Yasmín Esquivel, sobre la cual sigue pesando la acusación de un doble plagio de tesis.

Hoy vamos a ver si tal presión surtió efecto.

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El que no la ve llegar es el alcalde de Tula de Allende, Manuel Hernández Badillo, acusado por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) por presunto peculado y desvío de recursos.

Bajo la administración del perredista Hernández Badillo, el municipio que había venido creciendo sostenidamente, retrocedió en todos los rubros de bienestar social, sobre todo en el tema de la seguridad.

Ahora el presidente municipal anda promoviéndose para ser senador en 2024 porque necesitará del fuero ahora que la ASEH ha puesto los ojos en él.

Una de las anomalías encontradas en las auditorías practicadas a su administración está relacionada con la compra de materiales, accesorios y suministros por un monto de 60 millones, insumos médicos, servicios de lavandería y pagos excesivos en trabajos de jardinería y fumigación, entre otros.

A ver.

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¡Vaya forma de querer salir del anonimato, granjearse unas palmaditas y quizá un hueso por ahí para 2024 de Sergio O. Saldaña Zorrilla, subsecretario de Energía de la SENER!

Patético y más patética la forma que trató de “corregir’’ sus dichos.

Bien dicen que lo doctor no quita…