El presidente de Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, adelantó que este miércoles en sesión de la Comisión Permanente se hará la declaratoria de aprobación de la llamada “ley 3 de 3” contra la violencia de género.
“El próximo miércoles en la sesión de la Comisión Permanente se hará la declaratoria de aprobación, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrada en vigor, de la Ley 3 de 3”, escribió en su cuenta de Twitter, el también líder de los legisladores de Morena en San Lázaro.
Mier expuso también que a partir de la elección de 2024, “ningún violentador ni deudor alimentario aparecerá en las boletas electorales, ni podrá ocupar un cargo público”.
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Por la mañana, diputadas integrantes del llamado grupo plural y colectivos feministas se reunieron con el presidente de la mesa directiva de la Cámara baja, Santiago Creel (PAN) para buscar el respaldo de la Comisión Permanente y que en la próxima sesión se haga la declaratoria constitucional de la “3 de 3 contra la violencia”.
La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI) explicó que la prisa por declarar la constitucionalidad de esta reforma es para que sea efectiva en las elecciones del 2024, año en el que se renuevan un gran número de cargos, con la intención de que las y los nuevos servidores públicos que lleguen, “sean los mejores, los que tengan un compromiso en lo privado, para que puedan hacerlo público contra la violencia hacia las mujeres”.
Expuso que con esta propuesta no sólo se busca saldar la deuda histórica con las mujeres, sino también la de sus hijos e hijas.
Mencionó que ocho de cada diez hijos de padres y madres separados no reciben una pensión alimentaria, se les priva de una presencia física, pero también del sustento económico.
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Herrera Anzaldo reconoció que sí hay prisa para esta declaratoria porque para que pueda decretarse por parte del Ejecutivo tiene que hacerse a más tardar el primero de junio, a fin de que entre en vigor para el próximo proceso electoral, y quienes aspiren a un cargo de elección popular no sean agresores de mujeres, acosadores sexuales, violadores o deudores de pensión alimentaria.
Por su parte, la diputada Blanca Alcalá Ruiz (PRI) sostuvo que le dará puntual seguimiento a la declaratoria de constitucionalidad y, posteriormente a su publicación.
Recordó que el propósito de esta reforma es determinar con exactitud en la Constitución que ninguna o ningún agresor, violador o deudor alimentario, acceda a un encargo en el ejercicio público, “ni en cargos de elección popular, por supuesto, en la administración pública de los tres niveles de gobierno”.