La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene activos seis fideicomisos con saldos por 6 mil 70 millones de pesos, los cuales se encuentran transparentados y son utilizados con fines específicos, como financiar las pensiones de sus empleados y prestaciones médicas, entre otros.
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El tema de los fideicomisos ha sido utilizado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para atacar a los ministros de la Corte, luego de que la mayoría de estos invalidó el Plan B de la reforma electoral, debido a vicios en el proceso legislativo.
El Plan B fue avalado por el partido Morena y sus aliados, que cuentan con la mayoría en el Congreso, pero la reforma fue impulsada por el presidente López Obrador.
Desde la Presidencia de la República se ha recalcado que la Suprema Corte cuenta con estos seis mil millones de pesos en fideicomisos y que el Poder Judicial registra otros 14 por más de 20 mil millones de pesos para supuestos “privilegios”.
Sin embargo, los recursos de los fideicomisos de la Suprema Corte se encuentran transparentados al corte del 31 de marzo pasado, y se trata de fondos presupuestales para rubros como el “fortalecimiento de la justicia”.
Para el Plan de Prestaciones Médicas, según el reporte de marzo pasado, se tienen 141 millones de pesos, lo cual incluye a los trabajadores de la SCJN, cónyuge, concubina, hijos hasta de 22 años, cuando comprueben que estudian y no trabajen, así como a los padres de los funcionarios que acrediten su dependencia económica.
Otros dos instrumentos financieros, por 2 mil 890 millones y 810.2 millones de pesos, están catalogados para el pago de pensiones mensuales complementarias a las otorgadas por el Issste a los servidores públicos que se jubilen o retiren anticipadamente y que hayan laborado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Además, 173.8 millones de pesos están constituidos en un fondo y provienen de recursos por la venta de publicaciones, discos compactos y otros proyectos, sin que existan mayores detalles.
Mientras que el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la impartición de Justicia tiene un saldo de 707.2 millones de pesos.
Uno de los fideicomisos de la Corte está constituido por recursos que no se gastaron en otros años, calificados como remanentes presupuestales, con un saldo de mil 347 millones de pesos.
Sin embargo, se trata de dinero con fecha anterior al 1 de enero de 1999, cuando no existía limitante legal para que los órganos del Poder Judicial conservarán los recursos no devengados.
Es decir que se trata de recursos que la Corte ha guardado por casi 24 años, pues a partir de 1999 se estableció por decreto que “el Poder Judicial de la Federación debe concentrar en la Tesorería de la Federación los recursos presupuestales previstos en ese presupuesto que no se encuentren devengados al 31 de diciembre del citado ejercicio”.
Resalta que, desde diciembre a marzo pasado, la SCJN inyectó más de 162.5 millones de pesos a sus fideicomisos, ya sea por rendimientos financieros u otros ingresos no especificados; en contraste, realizó retiros por 2.5 millones de pesos y movimientos patrimoniales por 189.3 millones de pesos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha amagado con promover una reforma para desaparecer esos fideicomisos para redirigirlos a otros proyectos sociales, como becas y apoyos a la población.
“Vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y esos 20 mil millones de pesos se entreguen a estudiantes de familias pobres, se les entregan becas, a ver qué resuelve”, indicó hace una semana.
Aunado a la propuesta del Presidente para desaparecer los fondos de la Suprema Corte, su administración concretó la desaparición de 109 fideicomisos, la mayoría sobre ciencia y educación, los cuales fueron reorientados a otros proyectos del Gobierno.
Por ejemplo, en el caso del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), estos fueron enviados a “proyectos prioritarios del Gobierno federal”.
Esto de acuerdo a la directora del organismo, Elena Álvarez Buylla, quien el 5 de agosto de 2022, ya extinguidos los fideicomisos, compareció ante diputados federales, donde fue cuestionada sobre el destino de los recursos devueltos a la Federación.
“Parte de esos recursos fueron invertidos con esta claridad y eficiencia, y el resto de los recursos, pues regresaron a donde tenían que estar; a los recursos disponibles de la Tesorería de la Federación para proyectos prioritarios del Gobierno federal, incluyendo los de ciencia y tecnología”, fue la respuesta de la funcionaria.
Entre los proyectos prioritarios del Gobierno de la llamada Cuarta Transformación se encuentran el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la Refinería de Dos Bocas.
Ejecutivo y Judicial libran batalla en redes
Por: Arturo Rivera
En medio de una tormenta de publicaciones desde las cuentas de redes sociales del Gobierno de México sobre los presuntos privilegios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ésta ha respondido explicando por qué se invalidó la primera parte del Plan B electoral.
Y es que los ataques provenientes de la Presidencia de la República han arreciado contra la Corte desde que la mayoría de sus ministros invalidaron la reforma impulsada por el mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador.
Dicha reforma fue aprobada en el Congreso por la mayoría morenista y sus aliados, pero con un desaseo legislativo que fue denunciado por la oposición ante la Corte y confirmado por la esta en su sesión del 8 de mayo pasado.
En redes sociales, la cuenta oficial del Gobierno de México ha realizado una campaña de desprestigió contra los ministros de la Suprema Corte, con publicaciones como “Ministros a cuerpo de rey”, “Los ministros defienden sus privilegios y los de una minoría que ha saqueado al país” y “Los ministros no gastan por seguridad, gasolina ni casetas”.
Mientras ocurre este ataque del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, la Corte ha respondido con los argumentos de los ministros para invalidar en parte el Plan B electoral.
Apenas ayer, la Corte publicó una infografía con el título “¿Qué disposiciones del procedimiento legislativo federal se violentaron en la aprobación del primer decreto de las reformas político-electorales?”.
En dicha publicación, la Corte explica los vicios en los que se incurrió en el Congreso y que permitieron invalidar el Plan B, conforme a la Constitución y los reglamentos del Poder Legislativo.
Mientras que en días anteriores ha publicado extractos de la sesión del 8 de mayo, poniendo en la voz de los propios ministros las razones para invalidar la primera parte de la reforma electoral.
Como amago en contra de la Corte, el presidente López Obrador anunció que buscará que sus ministros sean elegidos por voto popular, sin embargo, para que esto ocurra Morena y sus aliados deben contar con dos terceras partes del Congreso, es decir, la mayoría calificada.
LEG