La Comisión de Derechos Humanos del Congreso local aprobó el dictamen a la iniciativa que reforma la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, a fin de asegurar que este sector pueda transitar en condiciones de inclusión y seguridad.
La iniciativa pretende dar respuesta a la Sentencia a la Acción de Inconstitucionalidad 244/2020, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que se declara la inconstitucionalidad de diversas disposiciones aprobadas a la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la capital.
Al presentar el dictamen, la legisladora morenista Marisela Zúñiga Cerón informó que se reforma el capítulo séptimo, el primer párrafo y las fracciones I, VII y VIII del artículo 33 y se adiciona una fracción IX al artículo 33 de la ley en comento, donde se establece que garantizar el derecho a la movilidad corresponde a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y establece la realización de programas de sensibilización a todas las personas trabajadoras del Sistema Integrado de Transporte Público.
Además, la Comisión de Derechos Humanos aprobó la adición a la fracción IX que establece: “promover un diseño vial para las personas con discapacidad, ajustándose a principios de diseño universal y accesibilidad con las ayudas técnicas que les permita transitar en condiciones de inclusión y seguridad, atendiendo a la jerarquía de movilidad”.
Zúñiga Cerón indicó que se creó un micrositio especial dentro de la página web del Congreso capitalino donde pueden consultarse la convocatoria, las bases y todo el material informativo de la misma; además de esta iniciativa, en formatos de lectura fácil, lectura regular, audio video e interpretación de lengua de señas mexicana.
“La principal opinión sobre el tema de movilidad en la Ciudad de México fue que existan medidas de seguridad y campañas de concientización, para que las personas con discapacidad puedan gozar el derecho a la movilidad en esta ciudad”, expresó.
La diputada precisó que se realizaron audiencias públicas donde se consultó la opinión de 475 personas con discapacidad, quienes manifestaron las barreras a las que se enfrentan actualmente y la carencia de infraestructura, instalaciones, mobiliario, transporte y accesibilidad adecuado para ejercer sus derechos.
Finalmente aseveró que derivado del proceso de consulta realizado a este grupo, se desprende la imperante necesidad de que el Estado asuma cabalmente los compromisos adoptados en el marco jurídico de derechos humanos de las personas con discapacidad.
FRASE:
“La principal opinión sobre el tema de movilidad… fue que existan medidas de seguridad y campañas de concientización, para que las personas con discapacidad puedan gozar el derecho a la movilidad”
Marisela Zúñiga Cerón
LEG