La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que discutirá la constitucionalidad de la primera parte del Plan B el próximo lunes, pese a la petición de Presidencia de debatir primero una impugnación de años atrás.
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Por unanimidad, los integrantes de la Corte rechazaron la petición de la Presidencia de la República para analizar, primero, las impugnaciones a la Ley Federal de Comunicación Social, que datan de 2018.
Los ministros llevaron a cabo ayer una sesión exprés, la cual duró menos de cinco minutos.
Durante el encuentro se presentaron las acciones de inconstitucionalidad 253/2020 y 155/2020, relacionadas con leyes de archivos de Chiapas y Yucatán.
Sin embargo, el ministro Alberto Gutiérrez Ortiz Mena comunicó que haría adecuaciones a sus proyectos de sentencia, por lo que se acordó que esos asuntos se discutirán en otro momento.
De acuerdo con la lista de asuntos a discutir por el Pleno de la Corte, le sigue la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y acumulados contra la invalidez del decreto de las leyes generales de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas que entraron en vigor en diciembre pasado y son parte del llamado Plan B de la reforma electoral.
Al respecto, el proyecto, elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, propone invalidar esas normas por violaciones graves en el proceso legislativo.
Dicha propuesta no analiza si los cambios fueron constitucionales, sino que invalida la norma por violaciones graves al proceso legislativo llevado a cabo por el Congreso, con mayoría morenista.
Para anular esa parte del Plan B se requieren ocho votos de los ministros, con lo que quedarían sin efectos las modificaciones que pusieron un tope al gasto en publicidad de estados y municipios.
En la parte electoral, la reforma a avalaba que los funcionarios fijarán posicionamientos políticos durante las campañas, amparados por la libertad de expresión.
La Corte tendría pendiente discutir el segundo tramo del Plan B, el cual tiene una suspensión, por lo que no se aplica en todo el país.
A su vez, ayer, tras una sesión privada, la Suprema Corte informó que la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del Poder Judicial de la Federación, sometió a consulta de los integrantes del Pleno de la SCJN la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de no resolver la acción de inconstitucionalidad de la primera parte del Plan B, hasta en tanto no se pronuncie sobre el decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social de años atrás.
En un comunicado, se informó que los 11 ministros determinaron por unanimidad que no es factible atender dicha petición, ya que la impugnación presentada en 2023 se listó con fecha fija para el próximo lunes 8 de mayo, en términos de la legislación aplicable, toda vez que se ha tramitado con el carácter de electoral.
El Pleno señaló que el análisis, que se planea comenzar el próximo lunes, no provocará el dictado de sentencias contradictorias ni afectará los principios de seguridad y certeza jurídica, ya que en este asunto se impugnaron procedimientos legislativos que son distintos a los controvertidos en 2018, a pesar de que se trate de la misma norma.
A su vez, el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas, a la cual no se le dio el trámite de materia electoral, no ha sido entregado a la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN.
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