Investigadores y académicos mexicanos mostraron su preocupación y descontento ante la aprobación de la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (LHCTI), debido a su contenido y el proceso en cómo se legisló.
La doctora Alma Maldonado, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) y miembro de la Red Prociencia, señaló en entrevista con 24 HORAS su descontento ante esta legislación.
“Esperábamos que esta ley fuera una buena oportunidad para redefinir el rumbo del sector para todos decidir cuáles son las mejores caminos y vías para impulsar la creación de conocimiento, para que sea punta de desarrollo, como otros países, vamos totalmente hacia otro lugar (…) y creo que eso es muy lamentable”.
Aunque se trata de un dictamen de más de mil páginas, Maldonado explicó que son 12 los puntos críticos de la Ley que generan preocupación, destacando la creación de un consejo directivo con la participación de secretarías de Estado, pero excluyendo a representantes de los centros e instituciones de investigación; y el otorgamiento de financiamiento y becas a quienes trabajen en líneas prioritarias definidas por el gobierno.
De igual forma, causó enojo en la comunidad la eliminación de la norma que destinaba el 1% del PIB de Ciencia y Tecnología al presupuesto del Consejo y la discriminación de colegas y estudiantes de las instituciones de educación superior privadas.
“Hubo fallas en los procedimientos, no se cumplieron con los siete foros de parlamento abierto prometidos en la Cámara de Diputados, después llega al Senado en esta situación tan atropellada (…) y finalmente se aprueba de madrugada”, precisó la académica.
El doctor David Romero, investigador en el Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, coincidió con la doctora Maldonado en que la manera en que se llevó el proceso legislativo también es un signo de alarma.
Romero aseveró que en cuanto la Ley se publique en el Diario Oficial de la Federación hay diversas acciones que se podrán emprender.
“En primer lugar, impugnaciones por violaciones en el proceso legislativo, esa le corresponde a los propios legisladores, (…), creo que tienen elementos como para que la Suprema Corte de Justicia,
por su propia naturaleza, pueda llegar a la impugnación completa del proceso de aprobación”.
También “está la alternativa de opciones de inconstitucionalidad, respecto al tratamiento discriminatorio que se le hace a participantes de instituciones privadas, eso es algo que explícitamente la Constitución considera una violación de derechos”, así como acciones de amparo, explico.
LEG