El Congreso de la Ciudad de México aprobó un exhorto a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para integrar la Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones respecto a los presuntos actos de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez de 2009 a la fecha.
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Con la creación de esta comisión se deberá especificar el objeto de la misma, número de integrantes que la conformarán, su duración y competencia; además deberá realizar actividades propias del Poder Legislativo.
Lo anterior, a fin de tomar las medidas respectivas que eviten la repetición de las prácticas de corrupción en el desarrollo inmobiliario.
Al fundamentar su proposición, la diputada Martha Soledad Avila Ventura de Morena aseveró que el combate a la corrupción debe ser uno de los objetivos de las instituciones en la capital, por lo que es indispensable la dotación de medidas legislativas, administrativas y judiciales sólidas que permitan desterrar de forma definitiva estas prácticas que dañan a la sociedad.
Sobre las actividades que deberá desempeñar la comisión, la legisladora señaló que “el tema de la procuración y administración de justicia corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de Justicia y al Poder Judicial”, mientras que esta instancia deberá -posterior al estudio y análisis de los casos-, generar las iniciativas que reformen el marco jurídico local, los puntos de acuerdo que exhorten a diversas autoridades y citar a comparecer a los funcionarios “que cuenten con información valiosa sobre este asunto”.
En su intervención, la congresista del blanquiazul Gabriela Salido Magos señaló su punto en contra sobre esta comisión al considerar que se debe analizar el rumbo que está tomando la capital; al respecto recordó que su grupo parlamentario ha dado cuenta que se están utilizando a las dependencias para realizar una “persecución política”. En este sentido, dijo que existen denuncias inmobiliarias en todas las alcaldías en donde se involucra a personas legisladoras de otros partidos políticos diferentes a los de Acción Nacional.
Por su parte, la morenista Marcela Fuente Castillo habló a favor del punto de acuerdo, al señalar que en medio de una crisis de vivienda que ha afectado a la ciudadanía, se considera que investigar las prácticas inmobiliarias es “persecución política”.
FRASE:
“Esta instancia deberá generar las iniciativas que reformen el marco jurídico local, los puntos de acuerdo (…) y citar a comparecer a los funcionarios que cuenten con información valiosa”
Martha Soledad Avila Ventura
Diputada de Morena
CIFRAS:
Avances de la investigación
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