El Pleno de San Lázaro aprobó por unanimidad de 481 votos, el dictamen que expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares con el que se homologan estos procesos a escala nacional, se prioriza la oralidad y el acceso a la justicia pronta, completa, imparcial y expedita.
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El presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, Felipe Macías (PAN), consideró que este es el avance jurídico legislativo más importante de los últimos años.
Explicó que en el país se estima la existencia de un millón 500 mil litigios, de los cuales 64% es de la materia civil y familiar y “lo que estamos aprobando son las nuevas reglas de los juicios y las implicaciones que esto tiene en la sociedad. No podemos hablar de gobernabilidad y armonía social, si no hablamos de justicia”.
Este Código, abundó, se puede dar en meses un proceso de adopción; agrega el concepto de juicios sumarios orales, para que los consejos de la Judicatura y los poderes judiciales en los estados decidan cuáles de estos procesos civiles se podrán dirimir en menos de 30 días y de manera oral, y avanza de la parte escrita a la totalidad de la oralidad de los juicios, a la digitalización de los juicios con lo que se logra la agilización.
El dictamen fue enviado al Ejecutivo. Macías estimó que a partir de su publicación y hasta que entre en vigor podrían pasar hasta cuatro años debido a todas las adecuaciones al sistema judicial que se requieren.
ADVIERTEN DAÑOS POR LEY DE CIENCIA
Este martes en comisiones unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de Educación se espera la aprobación del dictamen de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
Sobre ella, el diputado Mario Rodríguez Carrillo (MC) advirtió que la mayoría oficialista intenta quitar la obligación del Estado de destinar 1% del PIB a la investigación y establecer en la ley solo un aumento gradual de presupuesto con el pretexto de que nunca se ha alcanzado esa cifra.
Ante esto, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca, aseveró a través de un comunicado, que la propuesta de dicha ley es centralista, discriminatoria y sin cambios sustanciales en pro de la comunidad científica.
Condenó la premura con la que se ha dado el análisis de esta iniciativa, pues se habían propuesto y acordado siete foros de parlamento abierto y solamente se han realizado dos, el referente al “Derecho humano a gozar de los beneficios de la ciencia” y “Definición y diseño de la política pública y de sus instrumentos”.
Quedaron pendientes, entre otros, el fomento y el financiamiento público y el relativo a bases de coordinación con entidades federativas y municipios.
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