La SSPC se comprometió a incrementar la presencia de la Guardia Nacional en Xochimilco, ante la petición de maestros
Foto: Cuartoscuro |  

El presidente mexicano trató este miércoles de “facciosos” a los jueces de la Corte Suprema de Justicia que la víspera limitaron las facultades del Ejército en materia de seguridad civil, en momentos en que se sospecha que la Guardia Nacional habría matado a dos civiles.

El martes, ocho de los once magistrados de la Corte decidieron cancelar el paso de la Guardia Nacional bajo la supervisión del Ejército, reforma votada el año pasado por la mayoría a disposición del presidente Andrés Manuel López Obrador.

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Esta reforma le dio a la Secretaría de Defensa el control operativo y administrativo de los 130.000 agentes de la Guardia Nacional, creada en 2019 por el presidente López Obrador a su llegada a la jefatura del Estado.

Los ocho magistrados actuaron “de manera fraccional”, irrumpió el mandatario quien los acusa de estar al servicio “de las alturas del poder y no de la mayoría del pueblo de México”.

Su decisión, en cambio, fue acogida por la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México (ONU-DH) en nombre de “la importancia de los mecanismos de supervisión civil de las fuerzas armadas”.

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En fechas aleatorias, agentes de la Guardia Nacional son sospechosos de haber matado a tiros a dos mujeres el domingo en Nuevo Laredo, una ciudad en la frontera noreste de Estados Unidos.

La Guardia Nacional no se comunicó sobre estos hechos reportados por la prensa mexicana.

La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó “su preocupación” tras la muerte de “un menor” y “una mujer embarazada”, mencionando también a tres heridos.

“Las cinco personas viajaban en un vehículo y habrían sido blanco de disparos de otro vehículo ‘identificado como perteneciente’ a la Guardia Nacional y presuntamente ocupado por miembros de este cuerpo de seguridad”, se dice desde la misma fuente.

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La ONU-DH solicita investigación a las autoridades competentes.

El 10 de abril, cuatro militares fueron acusados ​​por la Fiscalía General de la Nación de la muerte de cinco civiles a fines de febrero, también en Nuevo Laredo. Fueron puestos en prisión preventiva.