No se conoce con exactitud si el actual es el gobierno que más casos ha perdido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Y no, no es que la Corte forme parte de un complot para derrocar al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que el mandatario se ha empeñado, una y otra vez, en desconocer la ley al enviar sus iniciativas de reforma ya sea a la Constitución o a leyes secundarias.
La resolución de ayer de la Corte con la que invalidó la transferencia de recursos y responsabilidades de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional, era un strike cantado, para utilizar el lenguaje que tanto le gusta al inquilino de Palacio Nacional.
Todos los constitucionalistas serios, al igual que legisladores de oposición con conocimiento de causa, habían adelantado que las reformas aprobadas por Morena y sus achichincles para modificar, en los hechos, lo establecido en el artículo 21 constitucional, no pasaría en la Corte.
Morena no tenía los votos necesarios para lograr una mayoría calificada en el Congreso, necesaria para una modificación a la Constitución, por lo que el Presidente, aconsejado seguramente por un enemigo, decidió modificar cuatro leyes secundarias (la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley de Ascenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea) para tratar de lograr su propósito.
Las modificaciones aprobadas en septiembre pasado implicaron ceder el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
El primer mando de la GN lo detentaría el secretario de Defensa, es decir, la GN estaría subordinada al Ejército.
Igualmente, las reformas aprobadas en septiembre permitían que el secretario de la Defensa fuera el encargado de proponer al comandante de la GN al Presidente, quien sería el que finalmente daría el visto bueno.
El secretario de la Defensa sería el encargado de elaborar las estrategias, expedir manuales y operar la distribución territorial de los miembros de la GN en todo el país.
Todo eso fue lo que echó para abajo la Corte, por ser modificaciones que representa, así lo dijeron, un fraude a la Constitución.
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El próximo viernes será el debate entre Delfina Gómez -si no se raja- y Alejandra del Moral.
Será el debate del morbo pues la atención no estará puesta en las propuestas sino en la capacidad de ambas para defenderse de los ataques que dominarán el encuentro.
Y mientras eso ocurre, siguen saliendo datos sobre el paso de la candidata de Morena por la Secretaría de Educación Pública.
Sucede que la SEP, durante la gestión de Gómez, otorgó un contrato por 341.2 millones de pesos a un grupo de empresas de outsourcing que están ligadas a un presunto fraude en Segalmex por 295.3 millones de pesos.
En ambos casos, tanto en la SEP como en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló anomalías.
Para los Servicios especializados de administración de recursos humanos y pago de honorarios para los agentes de aprendizaje del Servicio Nacional de Bachillerato, conocido como Prepa en línea, la dependencia contrató en 2021 a Aurus Nivel Total, Imago Centro de Inteligencia de Negocios y Gurges Implementación de Negocios.
Estas tres empresas participaron en una adjudicación directa con Segalmex, en el 2019, que derivó en observaciones de la ASF por presunto daño a la hacienda pública por 295 millones de pesos.
LEG