Entre las pérdidas más dolorosas que tendrá la Secretaría de la Defensa Nacional, con la resolución asumida ayer por la Suprema Corte de Justicia, está el manejo de los más de 30 mil millones de pesos correspondientes al presupuesto de operación de la Guardia Nacional.

La declaración de inconstitucionalidad de los artículos con los que la dependencia de Luis Cresencio Sandoval tomaría el control total del cuerpo policiaco es también un problema administrativamente severo para la 4T, pues desde hace varios meses había estado ejerciendo desde la Sedena recursos multimillonarios para equipar a la GN.

Por ejemplo, los últimos días de diciembre, compró mediante el procedimiento LA-007000999-E818-2022 armamento poco letal y agentes químicos para la Guardia Nacional; se trata de una adquisición de 2 millones 890 mil 800 proyectiles y bombas lacrimógenas por un monto de 325 millones de pesos pagados a las empresas International Business Group y Soluciones Militares y Tácticas Superior. También a finales de año, la Sedena convocó a la licitación LA-007000999-E903-2022, mediante la cual se solicitaron equipos de protección corporal como trajes, máscaras antigás y escudos para los alrededor de cien mil elementos que integran la Guardia Nacional.

Por supuesto, la más grande adquisición de bienes es la que involucra 6 mil 500 vehículos tipo patrulla para la corporación que encabeza David Córdova Campos, un contrato hecho por la Defensa Nacional para el que ejercieron más de 8 mil millones de pesos.

Esto, sin contar la licitación LA-007000999-E715-2022 para la adquisición de 340 camionetas destinadas a operaciones de seguridad pública, cuyo monto rebasa los 350 millones de pesos.

En la mayoría de los casos, la institución bajo el mando de Luis Cresencio Sandoval evitó poner el nombre de la Guardia Nacional como destinatario de los bienes; en su lugar, se decidió documentar que las compras serían para equipar al “Cuerpo de Policía Militar”, esto a pesar de que en las especificaciones de los contratos se solicitaba rotular las iniciales de la corporación civil.

Así, la determinación del máximo tribunal del país no solo echa para atrás la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena; además, obliga a las secretarías de Seguridad y de la Defensa Nacional a suspender cualquier transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales.

En caso de que los recursos hayan sido ya transferidos y ejercidos, como son los casos anteriores, ese dinero debería restituirse o, en su defecto, se generarían las correspondientes sanciones administrativas, e incluso penales, para los funcionarios que llevaron a cabo las millonarias adquisiciones.


#LoboSapiensSapiens

Exceso de confianza

Tan confiada estaba la Sedena en que la reforma constitucional del Presidente para que tomara el control de la Guardia Nacional se daría que la comenzó a equipar, ya después, cuadrarían las adquisiciones.

 

    @chimalhuacano