El observatorio Universitario de Derechos Humanos de El Salvador (OUDH) demandó a la Asamblea Legislativa poner fin al régimen de excepción con el que el presidente Nayib Bukele combate a las pandillas.
En un informe de un año del régimen de excepción, el OUDH pidió que la medida de fuerza se “deje sin efecto” y se restituyan las “garantías procesales y derechos fundamentales” debido a “la ausencia de las causales constitucionales para su vigencia”.
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“El régimen ha caracterizado el año 2022 por llevar al Estado salvadoreño a su versión más represiva de las últimas décadas”, declaró el coordinador del OUDH, Jorge Rodríguez.
El régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, se instauró el 27 de marzo de 2022 en respuesta a una escalada homicida de las pandillas que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo de 2022.
Cuestionado por diferentes organizaciones de Derechos Humanos, el régimen de excepción fue prorrogado la última semana por el Congreso hasta el 16 de mayo próximo.
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El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró el lunes que del 27 de marzo de 2022 al 16 de abril de este año fueron capturados 67 mil 467 supuestos pandilleros.
El Salvador, según Villatoro, al pasar de 106.3 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2015 a 7.8 homicidios en 2022 “queda bien marcado” lo se hace para devolver “la tranquilidad, la esperanza y la seguridad” de la población.
El observatorio advierte que “la prolongación indefinida” del régimen de excepción es “contraria a los principios constitucionales e internacionales aplicables a los estados de excepción”.
El OUDH también demandó que el Estado salvadoreño “permita el ingreso” a los centros penales de instituciones de control nacionales e internacionales y, OTOen particular, al relator de personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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El informe pide que “se investiguen de manera exhaustiva, imparcial y concluyente las causas de todas las muertes (presos) sucedidas en el período de excepción”, tanto en las cárceles como en hospitales a donde fueron trasladados por golpizas.
Una encuesta a finales de marzo de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), indicó que 85.7% de los salvadoreños se sienten seguros con el régimen de excepción.