Todo apunta a darle carpetazo al asunto de los 40 migrantes muertos en la estación migratoria de Ciudad Juárez, que depende del Instituto Nacional de Migración, concesionada a una empresa privada que no cumplió con su responsabilidad; sin embargo, este tipo de concesiones por las que ha habido fatales errores es la que condena al actual Gobierno a actuar de manera diferente.

En nombre de la austeridad, de la falta de recursos, de la necesidad de ahorrar ya son varias las dependencias de Gobierno que lejos de proteger producen muertes, lo cual significa que no hay responsabilidad sobre lo más sagrado que tiene el ser humano que es la vida. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, concesionó al Servicio de Protección Federal las tareas que debían corresponderle a esta instancia que depende de la Subsecretaría de Gobernación, pero al acudir a una empresa descentralizada se pierde la responsabilidad y la culpa en los accidentes se diluye y se reparte entre todos.

Lo mismo sucedió en Ciudad Juárez, donde el INM se lava las manos, trata de colocar en el olvido el incidente y nada más cambiará de nombre pero las prácticas seguirán siendo las mismas, porque el pretexto de que “Quien tenía la llave no estaba”, habla de un gran descuido que costó la vida de 40 seres humanos. Ahí alguien mintió, sobre esa llave, quien salió de su trabajo y sus jefes. Así le mienten a la gente, se trata de un pretexto que surge 14 días después de los hechos.

Si bien se trataba de detenidos por alteraciones al orden, también es una protesta común entre migrantes quemar colchones, para lo cual deben estar prevenidos siempre con las llaves a la mano, pero la burocratización de los trabajadores de la empresa concesionada y del propio Instituto de Migración, condenó a muerte a quienes buscaban un mejor nivel de vida para ellos y sus familias.

Desde luego que en ningún país del mundo es seguro ser un migrante, pero en México la irresponsabilidad, la negligencia, la pereza mata a migrantes, cuando en otras latitudes es el mar, la corriente del río, la sed, el hambre, la insolación lo que los aniquila.

Ante esta situación el Presidente de El Salvador, exige cárcel y castigo a los responsables de la muerte de los salvadoreños y el resto de los migrantes que murieron en Ciudad Juárez, así como el despido del encargado de Migración en México. Desde luego que buscan un mejor nivel de vida que no encuentran en El Salvador y la gestión de su mandatario Nayib Bukele, está en proceso de integración de la economía de ese país que dejaron hecha un desastre sus antecesores.

La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de la Cancillería de ese país, Cindy Portal, advirtió: “Estamos exigiendo la renuncia de las personas que son responsables de la política migratoria de México”. Ella había responsabilizado en días pasados, por lo ocurrido con los indocumentados a las autoridades del país, por lo que llamó “crimen de Estado”.

Se trata de un delito que no debe quedar impune y no puede solucionarse sólo con la renuncia de los responsables o el cambio de nombre de la instancia del paso de los migrantes hacia el norte.

La migración es un derecho humano, en México el artículo primero de la Constitución garantiza la integridad física de todo ser humano que se encuentre en su territorio, de ahí que estas muertes representan una violación a la Carta Magna y un delito grave que debe ser castigado severamente, cuya culpabilidad no puede limitarse a sólo la renuncia de uno o varios amigos del Presidente.

PEGA Y CORRE-. Un diputado local del PRD en Michoacán se suma a Movimiento Ciudadano ante la visita de Dante Delgado, quien presentó en Morelia el esquema de reestructuración de su partido que consiste en abrir las puertas a cuadros políticos de otros partidos… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.