El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Gobierno federal superaron sus diferencias, pactaron trabajo coordinado y acordaron acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el Plan B de la reforma electoral.
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Durante una reunión en las instalaciones del órgano electoral, la nueva presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, dijo que se pasará a una nueva etapa de respeto mutuo con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El exconsejero presidente Lorenzo Córdova Vianello y el mandatario nacional encabezaron una confrontación directa, en la que, en reiteradas ocasiones, cruzaron acusaciones e incluso los consejeros del INE fueron denunciados penalmente por un diputado de Morena.
Sin embargo, en su primer día como presidenta del organismo electoral, Taddei Zavala señaló que no se “se debe confundir el papel de actores políticos, con el de autoridades electorales”.
Al respecto, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, indicó que la instrucción del Presidente fue de abrir el diálogo y el trabajo conjunto con los consejeros electorales rumbo a las elecciones de gobernador del Estado de México y Coahuila, así como el inicio de los comicios presidenciales.
El encargado de la política interna del país reconoció que se tenían diferencias políticas con algunos de los integrantes del INE, pero dijo que era parte del debate y el trabajo institucional seguirá.
Aseveró que el INE será respetuoso del órgano electoral y no invadirá su autonomía para solicitarles que se unan al plan de austeridad.
“No me atrevería a tener una reunión para hablarles de austeridad, esa es una decisión de ellos como cuerpo colegiado, nosotros confiamos que se hará lo que más convenga a los intereses nacionales”.
Sobre la batalla legal por el Plan B, indicó que tras los debates entre consejeros, Gobierno y partido, será la Suprema Corte la que tenga la decisión y, dijo, solo hay dos caminos: que la reforma electoral sea avalada o declarada inconstitucional, en cualquier caso, explicó, los órganos del Estado mexicano deberán acatar la decisión.
LEG