Ante las entradas en vigor de diversas disposiciones en materia electoral, la secretaria General del PRD, Adriana Díaz Contreras, anunció el inicio de una nueva etapa de lucha por la democracia y la defensa de los derechos político-electorales.
En su opinión, la reforma viola los derechos político-electorales establecidos en la Constitución Política, ya que las modificaciones trasgreden el principio de progresividad y no discriminación al reducir los espacios de representación que tenían las mujeres y personas jóvenes, indígenas, con discapacidad, afromexicanas, migrantes y de la diversidad sexual.
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“Se pueden perder derechos adquiridos al reducir el número de posibles postulaciones (al menos 25), lo cual sería menor al que se obtuvo en 2021 y al eliminar el bloque de competitividad media; además de que el INE ya no podrá intervenir para garantizar el cumplimiento de la paridad”, lamentó.
Dijo que también se viola el derecho a la identidad, ya que no se podrá prestar de la misma forma el servicio de credencialización y actualización del Padrón Electoral; el derecho de elegir libremente a sus representantes y gobernantes, ya que no se podrán realizan todos los procedimientos para dar certeza en la emisión y cómputo del voto; así como el derecho de participar en condiciones de equidad, ya que con la reducción de las Juntas Ejecutivas no se podrá realizan el monitoreo y verificación del cumplimiento de las reglas de propaganda de campaña y los gastos de los partidos políticos, entre otros.
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De acuerdo con la lideresa, con la publicación del decreto, el presidente López Obrador perdió una nueva oportunidad para reconciliarse con las y los ciudadanos que se manifestaron en contra del Plan B, rechazando a quienes no piensan como él; por lo que ahora la defensa de los derechos deberá hacerse ante los órganos jurisdiccionales del país.
Díaz Contreras, informó que el PRD mantendrá una campaña de difusión para informar a la ciudadanía sobre la regresión en el sistema democrático que implica el Plan B; promover distintas acciones legales; y exhortó a las autoridades facultadas constitucionalmente a presentar acciones de inconstitucionalidad por la vulneración de los derechos humanos; incluyendo los derechos laborales de las y los servidores públicos del INE que han sido afectados.