La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió esta noche una recomendación al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Luis Cresencio Sandoval González, por las violaciones graves a los derechos humanos a la vida, a la seguridad jurídica e integridad personal, por uso excesivo de la fuerza mediante el uso ilegítimo de armas de fuego, que resultó en la muerte de cinco personas, una lesionada de gravedad y una más ilesa con afectaciones por los hechos ocurridos en Nuevo Laredo, Tamaulipas el 26 de febrero pasado.
La comisión detalló que ese día en calles de la colonia Cavazos Lerma, en el municipio fronterizo, entre las 04:30 y 4:50 horas, siete personas circulaban en una pickup y, por “sospecha” de los militares fueron seguidos por 21 soldados que se transportaban en cuatro vehículos oficiales mientras realizaban recorridos “y sin que mediara amenaza real en contra de la vida de las personas servidoras públicas o de terceros, mientras le daban seguimiento al vehículo particular, sin emitir previamente comandos de voz, un elemento militar accionó su arma de fuego a la parte trasera del vehículo particular, acción que replicaron tres elementos más para dar apoyo al primer tirador”.
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La CNDH estableció que de acuerdo con las constancias que obran en la indagatoria penal federal que no se encontraron armas dentro del vehículo particular.
Además, los vehículos oficiales no presentaron daños producidos por proyectiles de armas de fuego, ningún elemento militar presentó lesiones por proyectil de arma de fuego y que todos manifestaron ante el representante social de la Federación, que ninguno vio que del vehículo particular se originaran disparos de arma de fuego.
“Por lo anterior, esta Comisión Nacional emitió la Recomendación 95VG/2023, solicitando al secretario de la Defensa Nacional que colabore en el trámite ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas de las siete personas agraviadas, incluyendo a los integrantes de sus núcleos familiares, a fin de que se proceda a la inmediata reparación integral del daño, que incluya la medida de compensación, en términos de la Ley General de Víctimas”. También se pidió la colaboración en la presentación y seguimiento de la denuncia administrativa ante el Órgano Interno de Control en la SEDENA en contra del personal que sin justificación legal accionó sus armas de fuego en agravio de las siete víctimas directas, así como en los en la integración de la Causa Penal 1, y en el proceso penal derivado de las Carpetas de Investigación 2 y 3, a fin de que se investiguen y determinen las responsabilidades en materia penal de los cuatro elementos castrenses señalados como responsables.
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La CNDH solicitó y ofreció participar en un plan amplio de capacitación y formación, que incluya el apoyo psicológico y de las condiciones en que desarrolla sus labores el personal militar, así como la impartición de cursos de capacitación en materia de derechos humanos sobre el uso de la fuerza pública y el uso legítimo de las armas de fuego, dirigido al personal militar involucrado en los hechos.