Si bien desde diversos frentes ha abordado la confrontación con el Poder Judicial de la Federación (PJF) por parte del Ejecutivo, dicha cuestión, me parece, cobra gran importancia en el contexto mexicano actual, donde los Poderes se encuentran frente a una nueva encrucijada, en la que su desempeño se haya mermado por una serie de discursos que poco reflejan la independencia y respeto, que en teoría es inherente a los mismos.
En ese sentido, a pesar de que dichos principios se encuentran inscritos en la ley, la realidad deja ver un escenario poco deseable, ya que según la última edición del World Justice Project, los contrapesos en México registraron un grave deterioro en más de la mitad del país, pues los puntajes cayeron en 17 entidades.
En este orden, destaca que en el marco del inicio del periodo como presidente de la Barra Mexicana, Colegio De Abogados, Víctor Oléa Peláez, emitió un comunicado en nombre de dichas instituciones y de las Cámaras, donde se exhorta a los Poderes de la Unión a cesar las acusaciones contra el PJF; pues de seguir así se quebrantaría el principio de independencia y se socavaría la confianza de la sociedad en el sistema de justicia al dividir a la sociedad.
Sin embargo, dicho comunicado fue inspirado, entre otros, por una publicación que se difundió en redes sociales, que derivado de las denostaciones y confrontaciones, incitaba a la violencia contra la ministra presidente. En ésta, se veía una foto de Piña asociada a las palabras “el problema”, junto a la imagen de una bala y el texto “la solución”. Por el momento, se desconoce el autor, pero el gremio de jueces y magistrados exigió a las autoridades una investigación profesional.
Frente a ello, considero que si bien pueden existir diferencias entre los Poderes de la Unión, resolver un asunto no radica en estar a favor o en contra de un movimiento, sino en afirmar o considerar su consonancia con el arreglo constitucional legal y social.
Y ante esto, no se debe dejar de lado que el discurso, como tal, es una forma de poder que se ejerce en todas las áreas de la sociedad, y que por ende, no es nunca neutral. En ese sentido, en aras de garantizar el Estado de Derecho, vislumbra un espacio de oportunidad en el cuestionamiento de las categorías y formas subyacentes en el discurso político actual; ya que sólo una sociedad activa, podrá mitigar cualquier amenaza a la democracia.
Asimismo, cabe señalar que el cese del discurso público por parte de la sociedad, puede llevar a que desde las redes y el anonimato de las mismas, se incite a discursos de odio. Por lo tanto, es preciso recordar que el discurso debe apegarse siempre al orden social y promulgar el respeto cuando del orden democrático se trata, pues parte de la revitalización de la democracia reside en el respeto a las resoluciones de los jueces, ya que a través de sus sentencias se reafirma el orden constitucional.
¿O será otra de las cosas que no hacemos?
Consultor y profesor universitario
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