Las compras y actividades para concretar el traslado de la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional no se han detenido, a pesar de que existe una suspensión definitiva contra el decreto de incorporación desde octubre del año pasado. Oficialmente, el proceso está detenido, pero de forma silenciosa se realizan las adquisiciones para equipar a la Guardia desde la secretaría.

El mandato judicial impide que la Sedena tenga control de la GN y, en consecuencia, no puede llevar a cabo actividades que involucren la transferencia de recursos, ya sea materiales o financieros; sin embargo, según datos obtenidos de la plataforma Compranet, las fuerzas armadas están asignando una compra de casi 6 mil millones de pesos para adquirir unos 4 mil 500 vehículos para el uso de la GN.

Si bien la adquisición de las camionetas bajo la clave LA-007000999-E1044-2022, resulta necesaria para el desplazamiento de los uniformados por todo el país, lo que es de relevancia desde el inicio, es el proceso por el cual se efectua ésta y, al menos, un par de adquisiciones más.

La Sedena ha omitido especificar en el nombre de la licitación “Equipamiento y Obra Pública del Cuerpo de Policía Militar, para contribuir a las operaciones del orden interior y Seguridad Nacional 2022, Adquisición de Camionetas Pick Up 4X4 Doble Cabina” que serán utilizados por los elementos de la GN; no obstante, en la ficha técnica del balizamiento, de las bases, las especificaciones son claras y describen el logo y los colores de la Guardia Nacional, actualmente bajo el mando del general David Córdova Campos.

Desde el inicio, el procedimiento se observa como una violación a la Constitución, pues la convocatoria se llevó a cabo en agosto de 2022, cuando todavía ni siquiera se publicaba en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se transfería el control de la Guardia Nacional a la Sedena, mismo que data de septiembre de ese año, y que luego fue impugnado por la asociación Uniendo Caminos México y una decena de organismos más que sumaron 53 amparos colectivos contra la medida.

El fallo del mencionado proceso licitatorio estaba programado para el pasado miércoles 25 de diciembre, pero el resultado se difirió para mediados de este mes.

La suspensión definitiva otorgada por la jueza noveno de Distrito en Guanajuato, ordenaba devolver el control de la GN a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para que se mantenga bajo un mando civil, según lo establecido en el artículo 21 de la Constitución.

En teoría, si se violenta la suspensión concedida por la jueza, los funcionarios públicos que incurran en la falta podrían ser acreedores a una multa económica, la destitución o inhabilitación e, incluso, a una pena de entre tres y nueve años de prisión, pero quienes han observado la forma en que el Gobierno de la cuarta transformación se ha conducido con respecto a algunos funcionarios que han violado la ley, saben que no pasará nada.

 

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La guerra del maíz

Ni el Gobierno de EU ni los empresarios de ese país aceptaron el “atole con el dedo” que el Gobierno de López Obrador les ofreció en respuesta a la solicitud de las bases científicas para prohibir el maíz transgénico… Se observa un conflicto económico en el marco del T-MEC con nuestros vecinos.

 

@chimalhuacano