La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha utilizado el mecanismo de adjudicación directa como una de las principales armas de contratación para las obras y proyectos insignia de la Cuarta Transformación.
En la víspera, 24 HORAS publicó que Pemex asignó, sin concurso de licitación, un megacontrato por más de 5 mil millones de pesos para renta de camionetas a una empresa con denuncias por irregularidades.
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Adjudicar contratos de forma directa es un mecanismo que han utilizado las dependencias para concretar proyectos, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, entre otros, así como para compras a escala menor.
En general, entre 2019 y 2021, el Gobierno federal ha adjudicado entre 38% y 43% de sus compras anuales, lo que significa el mayor número de compras sin licitar en la historia del país; en comparación, el récord fue en 2018, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con 35% de contratos entregados por ese mecanismo directo, de acuerdo a datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En ese sentido, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad destaca que en 2021, de acuerdo con los datos publicados en CompraNet, la adjudicación directa se mantuvo como el método más usado para realizar contrataciones.
Y es que por esa vía la Administración Pública Federal (APF) entregó un total de 157 mil 796 contratos durante ese año; de ellos, el 80.3% se adjudicó directamente.
“Al analizar todas las compras de 2021 disponibles en la plataforma Compranet, seguimos identificado un uso excesivo de las adjudicaciones directas (8 de cada 10 contratos han sido dados por esta vía), presencia de empresas fantasma, así como la identificación de empresas que sistemáticamente son beneficiarias de las asignaciones por dedazo”, señala la organización.
En la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las adjudicaciones directas, se consideran como una excepción, pues se deben priorizar los concursos de licitación.
De acuerdo con dicha legislación, entre las excepciones está que las dependencias deben presentar al menos tres cotizaciones o estudios de mercado con las que se justifique que la empresa adjudicada ofrece las mejores condiciones financieras y técnicas para el Gobierno federal.
Otra limitante es que la suma de adjudicaciones directas o invitaciones restringidas no podrán exceder 30% del presupuesto para adquisiciones, arrendamientos y servicios.
“La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del 30% del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la dependencia o entidad en cada ejercicio presupuestario”, indica la fracción de dicha ley.
Actualmente se desconoce si el Gobierno federal ha cumplido con esa regla, pero organizaciones civiles, como el IMCO, han señalado que el abuso en las contrataciones por adjudicación directa fomenta la opacidad y potencializa el riesgo de actos de corrupción.
El IMCO señala que “las licitaciones públicas son el procedimiento que más promueve la competencia, ya que al ser concursos con convocatorias abiertas permiten más participantes para encontrar mejor calidad a precios más bajos, en contraste con los procesos donde se limita el número de participantes, como las invitaciones restringidas o las adjudicaciones directas”.
El organismo social considera que la tendencia del Gobierno federal para hacer compras sin licitar “es un foco rojo para la competencia y, además, representa un riesgo de corrupción, ya que la ausencia de criterios objetivos para seleccionar contratistas abre espacios a que la decisión pudiera estar influida por acuerdos ilícitos”.
Obras insignia
En el caso del Tren Maya, según información pública, 80% de los contratos se han otorgado por adjudicación directa. Al respecto, el Fonatur, encargado de la obra, señaló que se cumplió con todo lo estipulado en la ley para optar por ese mecanismo en lugar de concursar el proyecto.
Respecto a la construcción de Dos Bocas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en sus revisiones de las cuentas públicas 2020 y 2021, alertó que la mayoría de contrataciones estaban en opacidad y señaló que “los procedimientos de adjudicación directa e invitación restringida deben utilizarse como excepciones a los concursos abiertos, o su equivalente licitación pública, y no al revés”.
Otro de los casos es Segalmex, que entre 2019 y 2020 adjudicó 70% de los contratos. Durante ese periodo se cometieron supuestos actos de corrupción en el ejercicio del presupuesto de esa dependencia, con más de 9 mil millones en irregularidades.
Falta de transparencia
Al respecto, el diputado Héctor Saúl Téllez, integrante de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Transparencia y Anticorrupción, señaló que la supuesta lucha contra la corrupción en el Gobierno de la llamada Cuarta Transformación no se refleja en los hechos.
“La corrupción sigue creciendo, acabamos de conocer el índice de transparencia que dio a conocer Transparencia Internacional y descendimos incluso dos lugares, el ranking, hoy ocupamos el lugar 126 de 180 naciones en el índice de percepción de transparencia, con apenas 31 puntos de 100 posibles en este ejercicio”, destacó el panista.
El diputado resaltó que la Secretaría de la Función Pública debería llevar un monitoreo constante en Compranet, para que las dependencias convoquen a través de la licitación pública, además de supervisar que no haya simulaciones de licitaciones, para después darlas por adjudicaciones.
También afirmó que Compranet es un sistema ejemplar que ha sido minimizado y al cual no se le está dando el funcionamiento para el que fue creado.
“Hacemos un llamado para que el Gobierno federal se abstenga de llevar a cabo este tipo de contrataciones y direccionar con miles de millones de pesos a empresas consentidas, seleccionadas que no hacen otra cosa más que abrir sospechas de que hay corrupción”, sentenció.
El diputado recordó que “presentamos una iniciativa de ley que modifica la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras públicas… Nosotros queremos que solo el 20% de las contrataciones que lleva a cabo el Gobierno se hagan por adjudicación directa, que el 80% se realice por licitación. Hoy el límite en la Ley de Obras y de Adquisiciones están como límite el 30%; nosotros queremos que sea el 20%”.
FRASE
“El combate a la corrupción es un tema que ha utilizado la 4T solo para la simulación. Este tipo de contratos nos hablan de que, primero, el ataque al huachicoleo no ha dado los resultados prometidos, segundo, este contrato parece muy opaco, muy direccionado”
Héctor Saúl Téllez
Diputado federal del PAN
LEG