Los amparos en contra del plan B a los que se invita a los ciudadanos interponer, así como las controversias constitucionales que presentó el Instituto Nacional Electoral (INE) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no procedentes, aseveró el diputado federal Hamlet García Almaguer (Morena).
En conferencia de prensa señaló que efectivamente la discusión jurídica se hará en la Suprema Corte, pero acusó de promover desinformación entre la ciudadanía.
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“La Corte ya anunció que el recurso en cuestión es improcedente, pues existe una tesis al respecto, lo que significa que este movimiento que promueven, o es un engaño, o un desconocimiento de las normas.
“Están motivando a la ciudadanía para que se ampare, pero la Suprema Corte ya resolvió que no hay amparo en materia electoral”, comentó.
El legislador explicó que, al existir jurisprudencia por parte de la SCJN, no es viable que ningún actor jurídico de menor rango que la Suprema Corte pueda admitir un amparo en contra de la reforma electoral, pues estaría cometiendo un delito contra la administración de justicia.
Sobre las controversias constitucionales, indicó que hay una ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución que regula éstas y donde se indica que son improcedentes contra normas generales o actos en materia electoral.
García Almaguer también puntualizó que el proceso legal que mantiene la reforma electoral aún aguarda su discusión en el Senado de la República.
Sin embargo, precisó que esta discusión solo puede versar sobre el punto en el que no se alcanzó acuerdo entre las dos Cámaras del Congreso, que es el aspecto de las candidaturas comunes que fue retirada, a través de una reserva en el Senado.
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“En ese sentido, cualquier discusión de un punto, en el que no existe contradicción entre la Cámara de Diputados y el Senado no tiene ningún objeto, no puede ser analizada, no puede ser revisada y no tendría ningún fin jurídico”, expresó.
Las dos vías de desahogo posibles, indicó García Almaguer, es que primero se elimine la cláusula por parte del Senado y se publique el dictamen, o negar la eliminación, pero publicar la porción en la que sí hubo acuerdo, que es la mayoría del plan B.
LDAV