Los cambios a las leyes electorales, conocidos como Plan B e impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, dinamitan al Sistema de Fiscalización, herramienta que el Instituto Nacional Electoral (INE) utiliza para verificar la legalidad de los recursos empleados por candidatos y partidos durante las campañas.
En un diagnóstico realizado por el INE en poder de 24 HORAS, el cual será presentado hoy, sobre los impactos de la reforma electoral, de la cual una porción entró en vigencia y otra está pendiente de aprobación, el organismo electoral señala que ya no será posible cumplir con la fiscalización de gastos de campaña en tiempo real.
La reforma que transformó el IFE en INE, aprobada en 2014, creó un Sistema de Fiscalización en tiempo real, mediante el cual, en menos de 60 días tras los comicios, el INE revisaba los informes de gastos de candidatos y, en su caso, determinaba sanciones y porcentaje de rebase de los topes de campaña.
Sin embargo, los cambios, impulsados por la autoproclamada Cuarta Transformación, eliminan la facultad del INE para solicitar a los candidatos que entreguen documentos que comprueben su capacidad económica.
Por lo que, según el documento, se “tendrían que realizar solicitudes de información económica a las autoridades hacendarias y bancarias respecto de cada persona involucrada en un proceso, lo que demoraría la fiscalización, toda vez que los tiempos de espera de información alcanzan, aproximadamente, dos meses. Lo anterior es incompatible con la fiscalización en tiempo real”.
El INE advierte que la reforma suprime la parte de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que sanciona con la pérdida de registro a los precandidatos que omitan presentar su informe de gastos de precampaña, como sucedió en 2021 con Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, y Raúl Morón, en Michoacán, así como a una decena de aspirantes a diputados federales y locales de Morena.
“Se está dejando sin efectos la sanción consistente en la negativa o cancelación del registro de candidatura ante omisiones en la presentación de informes de precampaña o apoyo ciudadano”, añade el documento.
El Plan B también elimina la sanción máxima por rebasar el tope de gastos de campaña en más de 5%, que es la nulidad de la elección de que se trate.
Los cambios al Sistema de Fiscalización, indica el INE, implicarían “abrir el espacio a la opacidad, al impedir la debida rendición de cuentas de los actores políticos y, con ello, se vulnera la equidad en la contienda y la transparencia en los procesos electorales”.
El organismo electoral diagnostica que el Plan B, en cuanto a los cambios en la revisión de los recursos de campañas, genera un “incentivo perverso para los actores políticos, toda vez que, en caso de desplegar precampañas sin que se presente el informe correspondiente ante la autoridad electoral, únicamente generaría la imposición de sanciones económicas, situación que no inhibiría la conducta, ya que los partidos podrían establecer estrategias encaminadas a romper la equidad en la contienda mediante campañas costosas sin perder la postulación”.
Los precandidatos tendrían vía libre para gastar en sus precampañas y la sanción máxima que alcanzarían sería de 5 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en lugar de la pérdida de registro.
También destaca que se “limita el margen de acción del Instituto, al restringir la posibilidad de fiscalizar actividades irregulares que los sujetos obligados realicen, que no estén previstos en los supuestos establecidos en la ley, como ocurrió en el proceso de revocación de mandato, en el cual el monitoreo de gastos se llevó a cabo con la emisión de acuerdos que regularan los procedimientos, sin la existencia de las leyes secundarias”.
LEG