Perú impuso un toque de queda en la región andina de Puno, para intentar frenar las protestas contra la presidenta Dina Boluarte, que han dejado 40 muertos en un mes, mientras el nuevo gabinete acude al Congreso por un voto de confianza para su investidura.
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“Se ha aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara inmovilización social en Puno por el plazo de tres días, desde las 20 horas hasta las 4 de la mañana”, anunció el jefe de gabinete, Alberto Otárola, ante el Congreso.
En este epicentro de las protestas hubo saqueos a locales comerciales y ataques a vehículos policiales con saldo de 18 muertos. Mientras tanto, la Superintendencia de Transporte Terrestre reportó bloqueos y tránsito interrumpido por piquetes en seis regiones: Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios y Amazonas.
En Cusco y en Ayacucho hubo marchas para pedir la renuncia de Boluarte, nuevas elecciones y convocatoria a una Asamblea Constituyente.
La violenta represión de las fuerzas del orden provocó el lunes 14 muertos en Juliaca y tres fallecidos durante un saqueo en un centro comercial, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. Además, un policía murió quemado al interior de su patrulla.
Mientras tanto, la Fiscalía de Perú anunció una nueva investigación en contra de la presidenta Dina Boluarte, por “presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones”, que incluyen a parte de su gabinete.
COMISIÓN INTERNACIONAL
“Estamos muy preocupados por el aumento de la violencia en Perú”, declaró en Ginebra la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Marta Hurtado.
El país recibirá este miércoles a una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que indaga sobre las manifestaciones y la respuesta policial. Además, el sistema de Naciones Unidas que opera en Perú pidió al gobierno de Boluarte respetar los derechos humanos y evitar el uso desproporcionado de la fuerza.
Busca el gabinete voto de confianza
En medio de las protestas, Otárola busca ante el Congreso obtener el voto de confianza de investidura, requisito constitucional para seguir en las funciones que inició el 21 de diciembre.
Boluarte fungió como vicepresidenta hasta el 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó a Castillo luego de que intentara cerrar el parlamento, intervenir el sistema judicial y gobernar por decreto.
Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.
Aunque se considera de izquierda, Boluarte es vista como “traidora” por las comunidades y militantes que apoyan a Castillo. Los sectores de derecha que antes promovían su caída, ahora la respaldan.
Con información de AFP.
LEG