La pandemia provocó una fuerte sacudida en el mundo. Los daños ocasionados son irreparables y aún no terminan de cuantificarse. La crisis económica autoinfligida para frenar su avance no fue suficiente para evitar la trágica y lamentable muerte de millones de personas.
Hoy, gracias a los adelantos de la ciencia, los efectos físicos de la COVID-19 pueden ser contenidos con las vacunas; sin embargo, los que repercutieron en la salud mental de las personas son y seguirán siendo severos.
La depresión provocada por la pérdida de familiares y seres queridos, las alteraciones psicológicas derivadas del encierro y cambio de rutinas, así como otros daños emocionales y psiquiátricos que podrían surgir deben ser atendidos y contemplados por los sistemas de salud pública del mundo.
A diferencia de otros estragos que el virus SARS-CoV-2 ocasiona en la salud de las personas —como los de largo plazo en las vías respiratorias—, las afectaciones mentales que la pandemia puede producir son en muchos casos silenciosas, por lo que su detección requiere de un proceso de revisión y prevención minucioso.
Lo apremiante de la situación se enfrenta a una realidad aberrante en la que los países de la región latinoamericana, según UNICEF, solamente destinan el 1.8 por ciento de su gasto público para atender la salud mental. Esta inercia en la asignación de los recursos de los Estados se debe modificar de manera profunda frente a lo que a todas luces es otra de las crisis resultantes de la pandemia.
Solo por mencionar algunos ejemplos: en Brasil, de acuerdo con un estudio realizado por las Naciones Unidas, cuatro de cada diez personas reportaron problemas de ansiedad, y seis de cada diez, sufrir depresión, todo a causa de la pandemia. En Perú, el número de habitantes con síntomas de depresión aumentó significativamente, mientras que en México se documentaron casos de estrés postraumático en casi un tercio de la población.
Conscientes de la situación, en el Senado de la República hemos trabajado para fortalecer los servicios de salud mental de la sociedad. En este sentido, el Congreso de la Unión logró aprobar una reforma a la Ley General de Salud en la que se establecen las bases mínimas para brindar atención en este rubro y para que tal acción sea considerada como un objetivo prioritario de las políticas públicas sanitarias.
México y el mundo deben transitar a un esquema bajo el cual la protección y atención de la salud mental sean un derecho garantizado, para mejorar el nivel de bienestar de la sociedad. De no ser así, cientos de miles de personas seguirán sufriendo en silencio, y un número importante de tragedias mayores no podrán ser prevenidas.
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