La cifra de vehículos usados de procedencia extranjera legalizados para su circulación en el territorio nacional, superará el número de unidades nuevas comercializadas durante 2022, según estimaciones de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
En el conjunto de las unidades extranjeras legalizadas vía aduanas y con el más reciente decreto de regularización de “autos chocolate”, se prevé un total de millón 200 vehículos usados, por encima de la estimación de un millón 72 mil 196 automotores nuevos que se incorporarán a la flota vehicular del país.
En el acumulado de enero a octubre, la importación legal de vehículos usados a México desde Estados Unidos y Canadá vía aduanas, alcanzó las 164 mil 324 unidades, con proyecciones de que alcance las 200 mil unidades.
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En tanto, la regularización de los “autos chocolate” –como resultado del decreto que entró en vigor en enero pasado– asciende a 892 mil 722 unidades, según cifras dados a conocer el martes por el propio Gobierno federal. Con ello, la estimación de la industria automotriz, apunta a que se llegará al millón de unidades regularizadas para lo que resta de 2022.
“Es decir, en este año se duplicará lo que es el flujo normal de incorporación y crecimiento de la flota vehicula en nuestro país con la gravedad de que esto se da a partir de vehículo siniestrados, declarados pérdida total en Estado Unidos, con nula inspección vehicular que acredite el que no tengan un comportamiento de emisiones contaminantes no permitidas por las normas oficiales mexicanas”, externó en conferencia de prensa, Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA.
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Aunado a lo anterior, advirtió que el decreto de la regularización de los “autos chocolate” que está prevista que concluya en el último día de 2022, se podría extender para el siguiente año y para todo el territorio nacional.
“La clara preocupación que se tiene ante fuentes del propio Gobierno federal que nos están señalando que se encuentra en marcha la ratificación para que este decreto de regularización continúe en 2023 y que por otro lado se haga extensivo a todo el territorio nacional”, dijo.
“Con lo cual estará prolongando el impacto negativo para la economía mexicana, para la industria automotriz, y sobre todo, para la sana convivencia en la sociedad como consecuencia del incremento en la corrupción entre los funcionarios que permiten este flujo permanente y como lo hemos repetido, el control de los grupos del crimen organizado a cargo de esta actividad”, añadió Rosales.
LDAV