La decisión de la Suprema Corte el pasado 29 de noviembre para declarar la invalidez del acuerdo del 11 de mayo de 2020, para que la Fuerza Armada permanente participe en tareas de seguridad pública fue un gran avance para establecer el marco jurídico más importante en materia de seguridad.
Sin embargo, hace falta un marco regulatorio aún más completo: la ley de seguridad interior (hoy invalidada por la misma corte) para definir los mecanismos de participación extraordinaria y regular de las Fuerzas Armadas en seguridad, es decir, una ley que reglamente la fracción VI del artículo 89 constitucional que faculta al Presidente del uso de toda la Fuerza Armada en casos de seguridad interior.
La seguridad pública defiende al ciudadano y a su patrimonio y la seguridad nacional protege la República de acechanzas externas. En medio, la seguridad interior implica la obligación del Estado de generar las condiciones de estabilidad interna. La doctrina de Defensa Nacional define con claridad la seguridad del interior
“Condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional.”
La crisis de seguridad pública ante la actividad criminal que ocupa instituciones republicanas, fragmentos del territorio nacional y afecta la actividad productiva de los mexicanos requiere de un marco jurídico que debiera estar en una ley de seguridad interior, sobre todo a partir del fracaso de la aprobada por el presidente Peña Nieto en 2018 y anulada por la Corte.
Sin una ley de seguridad de Interior, la actividad de las Fuerzas Armadas en seguridad pública será incompleta.
Zona Zero
- La crisis de seguridad pública ha entrado en una zona, como aquí se ha repetido, de delitos de fuero común, es decir, de responsabilidad directa de las fuerzas estatales y municipales de seguridad, las cuales han sido señaladas con insistencia como fundamentales en la estrategia nacional. El ámbito local de la seguridad ha sido abandonado y descuidado por los niveles federales de Gobierno, pero también por la falta de interés de gobernadores y alcaldes que solo están a la caza de recursos federales que tampoco se dedican a profesionalizar sus cuerpos de seguridad y justicia.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh