Con bastante retraso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desahogó una controversia constitucional de 2020 en contra del decreto de participación de las Fuerzas Armadas en seguridad hasta 2024, pero en el entendido de que ya hay otro decreto de reforma constitucional que extiende esa presencia hasta 2028.

La tardanza de la Corte en desahogar un decreto anterior a otro solo ha creado confusión en el sistema judicial, sobre todo porque la propuesta de la ministra Ana Margarita Ríos-Farjat se basó en un criterio jurídico que se presta a la interpretación: la controversia fue procedente, pero infundada.

Lo más importante de la decisión del pleno de la Corte el martes 29 de noviembre fue el hecho de que se permite de manera legal la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, pero de nueva cuenta se deja en el aire el marco jurídico general porque se siguen reformando leyes aisladas y dando aprobaciones parciales sin tener un marco jurídico integral en materia de seguridad.

En el aspecto operativo, las Fuerzas Armadas podrán participar en seguridad pública, pero con muchas restricciones: de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, es decir, casi sería una participación de presencia pública y no de aspectos operativos.

A diferencia de los candados que se les colocan a las Fuerzas Armadas en seguridad, las bandas del crimen organizado y de los grupos delictivos desorganizados operan con toda la impunidad del mundo, porque están protegidos por restricciones muy estrictas en materia de derechos humanos, en el uso de la fuerza pública y con un sistema judicial que no ha sabido reformarse para adecuar sus prácticas que benefician a los delincuentes.

Zona Zero

  • La violencia delictiva sigue creciendo en algunas plazas del país, sin que las autoridades cuenten con los instrumentos legales y las decisiones políticas para confrontarlos y replegarlos. Las Fuerzas Armadas en seguridad fueron vistas como una decisión extrema e indispensable, pero los acotamientos, restricciones y vigilancia le están disminuyendo eficacia porque enfrentan demandas judiciales en cada uno de sus operativos. El sistema judicial-penal sigue beneficiando a los delincuentes, inclusive en estructuras tan sofisticadas como la estadounidense.

 

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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