La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la recomendación 69VG/2022 al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, por violaciones graves a los derechos humanos, a la integridad personal y al trato digno por actos de tortura cometidos contra un hombre que permanece privado de la libertad desde 1997.
El organismo detalló, a través de un comunicado, que el 02 de agosto y el 25 de septiembre de 2019, una persona comunicó a la CNDH para informar que, derivado de la reposición del procedimiento penal a fin de que se investigaran actos de tortura alegados por la víctima, peritos del Consejo de la Judicatura Federal determinaron que “pudo haber sido objeto de tortura” durante su detención, acontecida el 6 de noviembre de 1997, por tres elementos de la extinta Policía Judicial Federal de la PGR.
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El agraviado señaló que fue detenido con otras personas más cuando se dirigía a desayunar, fue sometido por agentes judiciales y sin oponer resistencia lo tiraron al suelo y pisotearon en la cabeza y el cuello mientras le preguntaban si había participado en el secuestro de una persona, a lo que él respondió que se equivocaban, lo que provocó que los agentes le colocaran un rifle en la sien izquierda y le manifestaran que, si no confesaba, lo matarían.
La víctima refirió que los agentes lo golpearon en todo el cuerpo y con la culata del arma larga lo agredieron en rodillas y espinillas.
Inclusive, cuando gritó de dolor, le metieron un trapo en la boca para que no se escucharan sus gritos.
Tras los maltratos vomitó y manchó la bota de uno de sus aprehensores, quién lo obligó a limpiarla con la lengua y a “tragarse” su vómito.
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Lo vendaron de los ojos y en otra oficina lo siguieron golpeando y amenazando con que matarían a su familia si no se declaraba culpable.
Le hicieron creer que estaban en un décimo segundo piso y que lo arrojarían al vacío si no firmaba su confesión, al contestar en sentido negativo, lo empujaron de una patada en la espalda y cayó sobre unos colchones, por lo que, de la impresión, se orinó en los pantalones mientras los agentes se burlaron de él.
Permaneció incomunicado y de pie -él supone durante dos o tres días-, sin que cesaran los maltratos.
Cansado, firmó su declaración, en la que se autoinculpó de privación ilegal de la libertad, homicidio y lesiones ante el Ministerio Público Federal y un abogado defensor que no conocía, así como, a otras personas.
La Comisión indicó que también se quejó de que no lo revisaron adecuadamente e incluso manifestó que tampoco lo hicieron al ingresar al reclusorio.
La víctima, detalló la CNDH, se inconformó ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que declinó la competencia por estar involucrados servidores públicos federales.
Desde 2018, peritos del Consejo de la Judicatura Federal le practicaron el Protocolo de Estambul y encontraron elementos que hacían factible que hubiera padecido actos de tortura, que le generaron un daño psicológico permanente.
En el análisis realizado por la CNDH se concordó con la conclusión del Protocolo de Estambul realizado en el Consejo de la Judicatura Federal, se acreditaron violaciones graves a los derechos humanos, a la integridad física y a su trato digno, cuyos responsables son tres personas servidoras públicas de la entonces PGR, por lo cual se solicitará al titular de la actual FGR colaborar en la inscripción de la víctima en el Registro Nacional de Víctimas, así como proceder a la inmediata reparación integral del daño causado y otorgar la atención psicológica y médica que requiera.
Además, deberá coadyuvar en la carpeta de investigación iniciada en contra de quien resulte responsable por los actos de tortura en agravio de la víctima.