Reducir en 8% el precio de 24 productos que forman parte de la canasta básica para contener la inflación es como pretender detener un huracán enterrando un cuchillo en la tierra.

Este programa, que ya había cumplido con más pena que gloria una primera parte, resultará insuficiente porque no se involucra a todos los sectores comerciales sino a 15 empresas específicas, entre ellas tres tiendas de autoservicio.

A diferencia de este acuerdo que busca contener los precios de estos productos de consumo generalizado, los pactos económicos en los tiempos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, sí involucraron a todos los sectores, incluido el obrero que aceptó contener sus peticiones de incremento salarial.

No tendría sentido que, por un lado, se busca que los precios no escalen mientras los salarios aumentan generando una presión inflacionaria.

Si no lo cree, échele un ojo a la historia y lea lo que sucedió cuando José López Portillo, durante su sexenio, concedió aumentos al salario mínimo que sumaron 363%… nomás que la inflación sexenal fue de 417%.

Por eso es fundamental que las medidas de contención de los precios vayan acompañadas también de estudios sólidos sobre los incrementos salariales para evitar que se generen más presiones que pagan, siempre, los que menos tienen.

Otra diferencia que existe entre los pactos del salinato y el acuerdo reafirmado ayer es que en el primer periodo se consideró contemplar a todos los sectores con una meta específica: reducir la inflación a un dígito.

Lo que se busca con el pacto chiquito firmado ayer es la contención momentánea de los precios, pero no de la inflación, que es una gran diferencia en el largo plazo.

Como sea, el Gobierno puede presumir que está haciendo su esfuerzo para evitar una escalada generalizada de precios, pero en el mediano y largo plazo, se necesitará más que eso para compensar la pérdida del poder adquisitivo que genera todo el proceso inflacionario.

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Tal y como se esperaba, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda, aprobaron modificaciones a la minuta que recibieron de los diputados para extender la labor del Ejército en tareas de seguridad pública.

Los cambios, como le adelantamos la semana pasada, tienen que ver con la supervisión de las tareas del Ejército y la Guardia Nacional pero no con la ampliación del plazo -hasta marzo de 2028- de la presencia militar en las calles.

Los diputados propusieron informes semestrales a cargo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero los senadores del PRI y Morena proponen que sean los secretarios de Gobernación, de Defensa y Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes acudan cada vez que la Comisión Bicameral responsable del seguimiento los requiera.

También se propone resucitar el fondo federal, a partir del ejercicio fiscal de 2024, el fondo de aportaciones federales para que los estados fortalezcan sus policías municipales y estatales.

Este fondo ya existía, pero fue desaparecido en la actual administración.

El documento será discutido hoy en el pleno y, pese a tener el aval de las coordinaciones del PRI y Morena, aún no era seguro que se consiguieran los votos para aprobarla.

A ver.

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Catorce gobernadores de diferentes partidos políticos acudieron a la presentación del Cuarto Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum.

La jefa de Gobierno dijo que concibe la política y el servicio público “como el gran privilegio de entregarse al bien común, de hacer del ejercicio de gobierno la gran oportunidad de cambiar la realidad para disminuir desigualdades, erradicar la pobreza y construir la paz con justicia’’.

LEG