A ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, padres de los estudiantes están insatisfechos con los resultados de la investigación del caso que, a decir de Valeriano Ramírez, sociólogo y académico de la UNAM, demostró la impunidad y complicidad que existe entre el crimen organizado y los gobiernos estatales y municipales.
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De acuerdo con el especialista, la indignación por la falta de resultados concretos propició un descontento que no logra eliminarse, por lo que las marchas y manifestaciones continúan a pesar de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014.
“Se generó una identidad de descontento frente a un problema de no justicia, no investigación y no solución. (…) Años después no hay investigación aún sigue en la impunidad”, expresó.
Y es que, resaltó, las autoridades actuales llegaron a “la misma conclusión que Murillo Karam; es decir, que la policía de Cocula, junto con la de Iguala, se llevaron a los muchachos, se los entregaron a alguien que los ejecutó y desapareció”.
El subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, denunció este miércoles que el juez de Tamaulipas Samuel Ventura Ramos liberó a 24 sujetos señalados como culpables en el caso.
“Con lo que suman más de 120 libertades absolutorias dictadas por este juez en favor de acusados”, acusó.
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Al respecto, Ramírez acusó que de origen la investigación está mal armada, “no sé si a propósito para generar estas liberaciones. Abarca ahora está acusado de crimen organizado y tampoco se la ha comprobado nada; es decir, no han armado las carpetas de investigación de manera seria”.
El 14 de septiembre un juez federal absolvió al expresidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, por la desaparición de los 43 normalistas al señalar que no existen las pruebas suficientes en su contra que lo responsabilicen en el caso.
PIDEN PRUEBAS CIENTÍFICAS
Por separado, Felipe de la Cruz, exvocero de los 43 de Ayotzinapa, dijo a 24 HORAS que los familiares de los jóvenes no están satisfechos con el avance en el caso.
Si bien reconoció que ya se detuvo al exprocurador Jesús Murillo Karam y al capitán José Martínez Crespo, la investigación se desarrolla de manera lenta.
“Vemos que han ido avanzando las detenciones de algunos implicados, se han detenido para que hablen, que digan el paradero de los jóvenes o qué pasó con ellos, cuál fue con el motivo de tanta maldad con los jóvenes de esa noche”, expresó de la Cruz.
Asimismo, informó que la última actualización que saben del caso es la detención de José Rodríguez, quien en esa época en que ocurrió la desaparición de los jóvenes era el jefe castrense de Iguala, junto con otros dos militares.
Sin embargo, reconoció que los padres de los normalistas no están satisfechos con las detenciones porque buscan resultados concretos, como el paradero de los jóvenes.
“Satisfechos, satisfechos no, porque queremos resultados concretos del paradero, de la verdad para que de esa manera se puede hacer justicia como debe de ser, si ha ido avanzando, no se ha terminado sigue abierta la investigación”, dijo.
Detalló que la verdad que buscan es una científica que se pueda demostrar, como ya se hizo la identificación científica de tres cuerpos: Jhosivani Guerrero de la Cruz, Christian Alfonso y Alexander Mora Venancio.
De acuerdo con las últimas actualizaciones de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, presentadas el 18 de agosto pasado, actualmente hay 60 personas detenidas por su probable participación en delitos vinculados a este caso, como delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, secuestro, posesión de cartuchos, lavado de dinero y otros relacionados con actuaciones irregulares.
Además, por primera vez desde que la administración del presidente López Obrador atrajo el caso, se reconoció que las investigaciones no han arrojado ninguna señal de que los normalistas sigan vivos.
Protestan ante FGR deja 11 policías heridos
Familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014, realizaron ayer una protesta a las afueras de la Fiscalía General de la República (FGR), en la que también se registró un enfrentamiento entre los manifestantes y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México que resguardaban el lugar.
Los manifestantes exigían explicaciones sobre la demora de 19 órdenes de aprehensión contra 16 militares y tres exfuncionarios del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por su presunta participación en la desaparición de los normalistas.
De acuerdo con el reporte oficial, al menos 11 agentes resultaron lesionados por las esquirlas de petardos, las cuales fueron lanzadas por los asistentes.
Por el mismo caso, Yazmín Eréndira Ruiz, Juez Décimo Sexto de Distrito en Amparo Penal, determinó que no se puede iniciar un juicio contra el extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, hasta resolverse de fondo el amparo que se le concedió contra su vinculación a proceso.
En agosto pasado, al exfuncionario se le dictó prisión preventiva justificada por los presuntos delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia, por su actuación en la investigación.
La titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Amparo Penal concedió el amparo a Murillo Karam con lo que se frena su posible juicio; sin embargo, el proceso en su contra puede seguir, hasta que haya una sentencia firme sobre su vinculación a proceso.
La audiencia sobre el juicio de amparo será a mediados de noviembre, mientras que a finales de octubre se cumple el plazo que se dio para la próxima audiencia del exprocurador, en la que se presentarán las pruebas por parte de la FGR y los argumentos de su defensa.
El próximo lunes se cumplirán ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
LEG