El cambio de estrategia de seguridad que inició en 2018 tuvo como uno de sus ejes principales la creación de la Guardia Nacional (GN), que ha implicado la construcción de 242 cuarteles y el reclutamiento y la formación profesional de 115 mil elementos. De hecho, se estima que en 19 entidades federativas ya hay más personal de esta corporación que policías estatales. Además, se creó una Sala de Transparencia y Rendición de Cuentas y, tan sólo en el último año, se iniciaron 445 investigaciones por presuntos actos de corrupción.
Desde su formación, la GN mantiene altos índices de confianza ciudadana (un 82.7%), ubicándose sólo después de la Marina y el Ejército. En este sentido, podríamos decir que la corporación ha avanzado en su consolidación, sobre todo al ser aceptada como honesta y con prestigio. Sin embargo, el camino rumbo a la pacificación del país es aún amplio y requiere asegurar el proceso de maduración de este cuerpo de seguridad pública.
En este contexto, y considerando el armado institucional que le dio vida a la GN, el Ejecutivo federal ha planteado modificaciones a cuatro ordenamientos jurídicos que ya fueron aprobados en la Cámara de Diputados, y cuya minuta se turnó al Senado de la República, en donde actualmente las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda realizan el análisis, para su dictaminación correspondiente.
El objetivo de las modificaciones propuestas es establecer la obligación de la GN de auxiliar a la Fuerza Armada permanente en el ejercicio de sus misiones, cuando así lo disponga el titular del Poder Ejecutivo federal, y dar la mayor jerarquía de mando a la Sedena, cuyo titular ejercería el control operativo y administrativo de la propia Guardia.
La propuesta desató una profunda e importante discusión no sólo en los denominados círculos rojos del país, sino en un sector muy amplio de la sociedad. En la bancada mayoritaria del Senado actuaremos con responsabilidad y con apego al orden constitucional y a los derechos humanos, que deben estar al centro de los debates sobre seguridad.
No se trata de un asunto menor, sino del problema que más preocupa a las y los mexicanos. Contar con un cuerpo de élite, capaz de regresar la tranquilidad y la paz a la ciudadanía fue el objetivo central de la reforma que se aprobó por unanimidad en el Legislativo hace poco más de tres años. Es evidente que necesitamos seguir trabajando para alcanzar esta meta, pero debemos hacerlo como en el pasado, a través del diálogo, el entendimiento, el consenso y, sobre todo, el respeto a nuestra Carta Magna.
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