Previo al Cuarto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la 4T buscó dar por finiquitado el escándalo sobre el presunto desfalco en Segalmex; por lo que construyó un mensaje relacionado con la liberación de 15 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios de la dependencia, que ya dirige Leonel Cota Montaño.
Sin embargo, la estrategia podría no dar los resultados esperados, debido a que el Ministerio Público emprendió una persecución por delincuencia organizada contra funcionarios de bajo nivel, en su mayoría, que ejecutaron una instrucción de pago anticipado de 25 mil toneladas de azúcar al proveedor Servicios Integrales Carregin SA de CV; esto por instrucción del exdirector, Ignacio Ovalle Fernández.
En este entramado legal sale bien librado Ovalle, un funcionario que tiene entre sus puntos positivos en esta administración el haber sido el primer funcionario en darle trabajo en el servicio público al actual Presidente, específicamente en el Instituto Nacional Indigenista.
La FGR ordenó, por ejemplo, la aprehensión de Carlos Dávila, exdirector de Asuntos Jurídicos de Segalmex; José Domínguez, exsubdirector de Tesorería; Juan Bautista Rojas, exgerente de Control Presupuestal; Carlos Peralta, subgerente de Presupuesto, y José Rosalio Hernández, el coordinador corporativo de la Gerencia de Tesorería; este último el encargado de revisar la documentación que debían cubrir las diferentes áreas para realizar los pagos.
Ordenan arrestar a… ¿Un cadáver?
En la causa penal la autoridad también incluyó a los encargados de los almacenes regionales involucrados en esa compra; de hecho, de no creerse, giró una orden de aprehensión contra alguien que murió el año pasado como consecuencia de la pandemia; en específico, Hugo Armando Rosas Medina, exsubgerente de la Unidad Operativa en Querétaro.
Además de esta víctima del Covid-19, se encuentran en la lista de personajes que la FGR busca llevar a prisión Jorge Humberto González, encargado de almacén en Tlaxcala, y Artemio Gutiérrez, José Elías Ávila y Simón Escobar, responsables todos ellos de distintos almacenes ubicados en Guanajuato.
El juez responsable, con sede en Oaxaca, concedió también sendas órdenes de aprehensión contra René Gavira, extitular de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana, y Manuel Lozano, director comercial; también habrá que sumar en la pesquisa a Jesús Morales y Roberto Rivera, gerente y subgerente de la Dirección Comercial encargada de las adquisiciones.
A la empresa Carregin, responsable de entregar los inexistentes cargamentos de azúcar, le correspondieron ya una decena de cateos a sus instalaciones; además de que se liberaron también seis órdenes de aprehensión contra sus accionistas y apoderados legales, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
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¿Agradecimiento?
Por supuesto, las indagatorias que comprenden hasta 38 distintas denuncias, hasta ahora, no incluyen al exdirector Ignacio Ovalle Fernández, quien a pesar de los señalamientos por irregularidades en su gestión ahora despacha como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, adscrito a la Segob, de Adán Augusto López.
@chimalhuacano