La controversia eléctrica es la cuarta que se ha presentado desde el inicio del T-MEC. En noviembre del 2018, se dieron la primera y la segunda respecto a materia de lácteos y a células fotovoltaicas respectivamente, se resolvieron rápidamente a través de consultas. La tercera está en paneles y fue promovida hace 10 meses por Canadá y México contra EE.UU. por la modificación en las reglas de origen en el sector automotriz y se espera que se resuelva definitivamente hacia finales de año.
La cuarta, promovida por EE.UU. y Canadá vs México en materia de política energética está en consultas y corriendo los 75 días que tiene nuestro país para convencer a sus socios de que las modificaciones de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica no violan los términos del T-MEC, aunque este periodo se puede ampliar hasta principios de octubre, si no se alcanza un acuerdo. Los socios del T-MEC acusan a México que dichas reformas otorgan preferencia a que la electricidad producida por CFE y el uso de las redes favorece a Pemex, contraviniendo al libre mercado y a la sana competencia poniendo a las empresas de esos países en una situación de desventaja.
El presidente López Obrador acusó al gobierno de Estados Unidos de no aceptar el planteamiento de su reforma de otorgar 54% de la generación de energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el 46% restante a la inversión privada, pero considera que estas controversias se resolverán a nivel de consultas. Sin embargo, se ve difícil que se alcance un acuerdo en esta instancia por lo que se resolvería en la siguiente (Panel), por lo que el proceso se extendería hasta mayo del siguiente año. Expertos en el tema de los tres países consideran que Estados Unidos y Canadá tendrán la razón y México acatará sanciones que podrían incluir aranceles.
En los últimos 30 años, el comercio con Estados Unidos se ha incrementado más de 7 veces y actualmente el 82% de las exportaciones mexicanas tienen como destino al vecino del norte. Además, más de 5 millones de empleos americanos dependen del comercio con México.
Revisión
En el IMSS, de Zoé Robledo, hace falta que se revise el desempeño de los funcionarios ubicados en Ciudad de México, sobre todo porque la Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza (UNITYEL) ha dejado al descubierto una serie de maniobras que terminan por favorecer a Aseo Privado Institucional (API), compañía a la que se acusa por dejar sin seguridad social a al menos 2,500 afanadores.
Tal como describe la organización, el 26 de mayo el titular del área de Fiscalización y Cobranza en la Delegación Norte de la CDMX, Anuar Estefan Garfias, se negó a recibir el primer escrito donde se pide investigar a la firma. Así, tras hacérselo llegar casi a fuerza por correo electrónico, el funcionario lo redirigió a la Subdelegación 1 “Magdalena de las Salinas”, a cargo de Rayzully Silva Quiroz, donde persiste sin resolución desde el 3 de junio pasado.
Con este panorama de por medio es imposible ignorar que la empresa tiene en su haber 16 contratos por más de 709.8 millones de pesos que ha sumado de 2021 a la fecha sin que haya licitaciones públicas de por medio, ya que en todos los casos se ha recurrido a procesos por invitación restringida o por adjudicación directa.
@1ahuerta