megaobras TREN MAYA
Foto: Cuartoscuro / En el Tramo 5 del Tren Maya, ya se observan a trabajadores; esta zona ha sido una de las más polémicas durante la construcción de dicha obra  

A pesar de la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de no exceder el presupuesto en las obras de infraestructura, los proyectos insignia de la autoproclamada cuarta transformación han disparado sus recursos y enfrentado obstáculos en su construcción y funcionamiento.

El caso más significativo es la edificación de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, cuyo presupuesto aumentó 228.2% respecto al gasto originalmente planeado, con un incremento de 368 mil 428 millones de pesos.

De acuerdo con las cuentas públicas 2019, 2020 y 2021, así como el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, el proyecto emblema en materia energética, cuya etapa constructiva se inauguró el 1 de julio pasado, ha tenido ampliaciones presupuestales cada año.

Entre 2019 y 2022, el presupuesto para Dos Bocas, según lo aprobado por la Cámara de Diputados, ha sido de 161 mil 427 millones de pesos; sin embargo, el gasto real acumula 529 mil 855 millones de pesos.

En septiembre próximo se conocerán los recursos que destinarán en 2023 para la etapa de pruebas, cuyo propósito es que se refine combustible para cumplir con el objetivo de la soberanía energética.

Uno de los obstáculos de la refinería es que, a pesar de la inversión, se desconoce cuándo comenzará la producción a gran escala, además de que tampoco ha quedado definida la logística para transportar el combustible o la construcción de ductos adicionales.

Respecto al Tren Maya, que acumula cuatro tramos construidos, su presupuesto original fue de 120 mil millones de pesos, pero estima que podría rebasar los 290 mil millones de pesos.

Al proyecto todavía le falta por construir los Tramos 5 Norte y Sur, así como el 6 y 7, cuyas obras estarán a cargo del Ejército, con el propósito de que sea inaugurado en diciembre de 2023.

Debido a que un juez otorgó una suspensión definitiva a grupos ambientalistas, que acusan un daño ecológico a los cenotes de Quintana Roo, la construcción del Tramo 5 estuvo detenida desde abril pasado; sin embargo, el Gobierno federal ha combatido los amparos y, a la fecha, solo faltan tres procesos para liberar los proyectos.

A su vez, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) fue inaugurado el 21 de marzo pasado, con un costo total de 115 mil 981 millones de pesos, lo que significa 40 mil millones de pesos más de lo prometido por el Presidente.

En octubre de 2019, cuando anunció la construcción de la terminal aérea, el mandatario señaló que la obra tendría un costo máximo de 75 mil millones de pesos; en 2020, subió otros 20 mil millones de pesos, y terminó con un ejercicio de más de 115 mil.

El aeropuerto, ubicado en Santa Lucía, Estado de México, lleva cinco meses en operación, en los cuales las principales vías de acceso todavía siguen en construcción; en tanto éste tiene un promedio diario de 12 vuelos, ocho chárter y un destino internacional a Venezuela, con una frecuencia de dos vuelos programados en septiembre.

A su vez, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) señaló que los vuelos bajaron 5.6%, de junio a julio, con un total de 35 mil 117 usuarios.

Lo anterior es contrario a lo prometido por el presidente López Obrador, quien, en octubre de 2018, en su gira de mandatario electo, dijo que en su Gobierno estaría “prohibido por ley, no va a poder aumentarse el costo de la obra un porcentaje mayor porque ahora una obra la cobran hasta el doble”.

El viernes pasado, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez, admitió a la agencia Bloomberg que el aumento en los costos de las megaobras sí representaba una presión para las finanzas.

“Todo lo que hagamos en 2022 y 2023 para acomodar el incremento es algo que no haremos en 2024, por lo que a mediano plazo funciona bien”, señaló sobre la construcción de los próximos presupuestos.

Al respecto, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), durante la presentación del Índice de Riesgos de Corrupción, aseveró que, en las megaobras y otros proyectos, el Gobierno federal ha gastado más de 9 mil millones de pesos sin licitación, con proveedores riesgosos, posibles empresas fantasma, sancionadas o de reciente creación.

Busca PAN acotar uso discrecional de los recursos

Por: Jorge X. López

El Partido Acción Nacional (PAN) prepara una reforma que impediría el manejo discrecional que el Poder Ejecutivo hace fuera de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y que por ley corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados.

El diputado federal Héctor Saúl Téllez, secretario en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro, reconoció que las proyecciones presupuestales nunca han sido respetadas por los Presidentes “pero ahora menos que nunca”.

Explicó que la intención es evitar los altos porcentajes de sobrecostos y sobreejercicios de algunas dependencias, pues esas partidas ya no regresan a la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación.

“Lo que aprobamos ahora en la Cámara de Diputados es simplemente una lámina con números, con proyecciones que nunca es respetado por el Poder Ejecutivo, mucho menos ahora que hace movimientos presupuestales exorbitantes en las partidas, haciendo movimientos que no están reflejados en el Presupuesto.

“Estamos trabajando en una iniciativa que le regrese esta potestad a la Cámara de Diputados, de decidir el destino del gasto de los recursos y que si el Poder Ejecutivo hace una proyección que tenga altos márgenes de movimientos (entonces) tiene que volver a pasar por los diputados”.

Detalló que la propuesta es que si hay una variación de más de 5% en cualquier partida de cualquier dependencia, se deberá someter a análisis y aprobación de los legisladores.

Téllez indicó que con datos oficiales han detectado subejercicios en áreas prioritarias como seguridad, salud e incluso en bienestar.

Seguridad y Protección Ciudadana, al último corte del segundo informe trimestral; es decir, a junio, llevaban un 26% de subejercicio; son siete mil millones de pesos que no se ejercieron.

“En salud es más grave, 16 mil millones de pesos que no se habían ejercido a junio con un subejercicio de 19%; y todos esos subejercicios contrastan con las dependencias que llevan a cabo las obras”, expresó el panista.

Alistan compras para Tramo 7 del Tren Maya

Por: Ricardo Hernández / 24 HORAS Q. ROO 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) se alista para hacer las primeras compras del material que utilizará en las obras del Tramo 7 del Tren Maya.

El 24 de agosto pasado, el organismo lanzó una convocatoria a licitación pública para la adquisición y suministro de material ferroviario a colocar en el último tramo, que correrá de Bacalar hasta Escárcega.

Se trata de más de 33 mil toneladas de riel con un calibre de 115 libras, que se instalarán en los 287 kilómetros que tendrá dicho tramo.

“Proyecto de Convocatoria para la ‘Adquisición, Suministro, Descarga y Acopiado de 33,729.22 Toneladas Métricas de Riel Calibre 115 LBS/YDA Dureza Intermedia (350 HB) Sección RE; (6-5/8” Peralte, 5-1/2” Patín, 5/8” Alma y 2-23/32” Hongo), Incluye Carga, Embarque, Descarga, Entongado y Acopiado en Sitio para el Tramo 7 del Tren Maya”, se lee en el documento.

El 9 de septiembre es la fecha límite para que los interesados en participar presenten las propuestas económicas.

Los Tramos 6 y 7 del Tren Maya ya cuentan con autorización provisional, con lo cual se podrían empezar las obras en estos puntos, de acuerdo con la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En el informe previo que la DGIRA rindió como parte del juicio de amparo 923/2022, tramitado en mayo pasado por la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), se informa que los Tramos 6 y 7, que pasarán por Quintana Roo y Campeche, ya cuentan con autorización.

Ambas autorizaciones se basan en el acuerdo expedido por el presidente Andrés Manuel López Obrador en noviembre pasado, que declara obras como el Tren Maya como de seguridad nacional.

LEG