El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, negó haber sostenido alguna reunión con el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam –detenido bajo el esquema de prisión preventiva– para participar en la construcción de la “verdad histórica”.
Recordó que de acuerdo con las declaraciones de Iñaky Blanco, quien se desempeñó como procurador de Guerrero durante su administración, “todas las investigaciones y acciones que realizó la entonces Procuraduría de Justicia se mantienen firmes, toda vez que quienes fueron detenidos por esta instancia permanecen en la cárcel y no hay acusaciones de tortura o violaciones a procesos judiciales”, no obstante, en ese entonces el Gobierno federal cortó toda relación de colaboración con el Gobierno de Guerrero, enfatizó.
“No es momento de especular sobre el curso de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República, mucho menos de fabricar culpables a través de publicaciones periodísticas”, declaró en un posicionamiento público.
El exmandatario reiteró que nunca celebró “ninguna reunión con Murillo en Iguala y en ninguna otra parte. Resulta absurdo lo que hoy se publica a ese respecto”.
Dijo que la denominada “verdad histórica” fue desechada porque fue fabricada. “Hoy es necesario que se aclare con qué propósito se desviaron las investigaciones, y quién o quiénes son los autores intelectuales y materiales de la obstrucción de la justicia.
“En lo personal, y varios de mis colaboradores, hemos sido citados a declarar y reiteramos nuestra disposición de acudir las veces que sean necesarias para explicar las actuaciones que se realizaron durante y después de la agresión y desaparición de los estudiantes”.
Informó que luego de darse a conocer la conclusión del informe Ayotzinapa, hizo contacto con el subsecretario Alejandro Encinas, “para manifestarle una vez más mi disposición de seguir colaborando en este lamentable caso, hasta su conclusión”.
El viernes pasado, Murillo Karam fue detenido al mediodía de hoy en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
LEG