Senado de la República
Foto: Cuartoscuro / archivo / Las bancadas del PRI y Morena sólo concuerdan en eliminar los tribunales electorales locales  

La justicia electoral no tiene un consenso entre las propuestas de los distintos grupos parlamentarios, destacó un estudio elaborado por investigadores del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

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De acuerdo con la investigación titulada “La transformación del contencioso electoral en la agenda de reforma política de los grupos parlamentarios” escrita por Cornelio Martínez López y Mónica Cahuantzi Escobar, de todos los temas contemplados por las tres principales fuerzas políticas, únicamente Morena y del PRI proponen modificaciones explícitas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en lo referente a dos puntos: cambiar la elección de TEPJF y eliminar los Tribunales electorales estatales.

Señala que el diseño del contencioso electoral mexicano ha sido producto de una serie de reformas, cuyos resultados han logrado que transitemos de un sistema de autocalificación a uno jurisdiccional, “que ha hecho de la legalidad uno de los principios rectores de la competencia por el poder en México”.

ELECCIÓN DE MAGISTRADOS

El documento del IBD señala que entre las propuestas de Morena, destaca que sean los ciudadanos quienes elijan a los magistrados del Tribunal, mientras que el PRI propone que sea la SCJN quien realice la elección.

Ambos grupos parlamentarios están de acuerdo con eliminar los Tribunales electorales locales.

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La investigación apunta que, históricamente, los cambios del contencioso electoral mexicano han buscado ser siempre resultado del acuerdo de las distintas fuerzas políticas, por lo que es previsible que no se logren avances a partir de presiones unilaterales.

Por otro lado, el documento refiere que los esfuerzos para lograr una mayor apertura y acceso de información sobre las tareas de las instituciones en materia electoral –especialmente de los tribunales–, pueden considerar una mayor amplitud de factores asociados a la ampliación del acceso a la justicia electoral de los ciudadanos, además de los costos económicos y su ahorro al ponerlas en marcha.

LEG