Ayer en el Senado de la República, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtió sobre los riesgos que corren los candidatos presidenciales que realizan actos anticipados de campaña disfrazados de “reuniones informativas’’ o de lo que quiera.

Córdova dijo que “ojalá y no se estén realizando estos actos’’ porque de lo contrario se tendrá que aplicar la ley.

Es decir, para que luego no se anden quejando de que el INE les tiene mala fe.

La declaración del consejero presidente fue, por decirlo, amable ante el cúmulo de evidencias que existen sobre el disfraz de estos actos anticipados.

La más común es que la corcholata X, contrate una supuesta entrevista con cualquier revista, la que quiera, y luego con el pretexto de publicitar la publicación, su imagen aparezca en espectaculares en todo el país.

Ese método lo puso en práctica Pablo Amílcar Sandoval, cuando quiso ser gobernador de Guerrero; una dizque entrevista le dio para publicitarse en espectaculares por gran parte del estado.

Al final fue dinero tirado a la basura porque se impuso Félix Salgado Macedonio y familia.

Los actos anticipados de campaña de las corcholatas y los corcholatos de Morena deberán ser analizados y juzgados el próximo año, cuando inicie formalmente el proceso electoral 2024, en septiembre.

La ley electoral, que aprobaron los diputados, establece perfectamente las fechas para las precampañas y las campañas; cualquier acto de autopromoción anticipado será ilegal.

Quizá por ello cobra mayor importancia no solo la reforma electoral que planteó el presidente López Obrador y que literalmente propone la desaparición del INE, sino la elección de los 4 consejeros que dejarán su cargo en abril próximo, incluido el propio Córdova.

Un órgano electoral, el que sea, pero a modo para el Presidente, evitaría que se calificaran los actos anticipados que vemos todos los fines de semana sin que por el momento, aparentemente, pase nada.

Como sea, la advertencia pública de Córdova no admite interpretaciones por si más adelante pudiera haber sanciones para los corcholateados presidenciales.

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Un grupo de organizaciones de la sociedad civil presentarán el próximo 6 de septiembre un documento en el que plasmarán un proyecto de nación de cara a la elección presidencial de 2024.

La intención es que, a partir de ese documento, con lineamientos muy claros, se pudiera construir una candidatura presidencial ciudadana.

Puede sonar hasta romántico y poco realista la propuesta, pero tiene sustento y no debería ser desechada a priori incluso por los propios partidos políticos.

Pendientes del documento que concentrará las posiciones y peticiones de muchas de las organizaciones civiles que pretenden incidir positivamente en el desarrollo democrático del país.

El 6 de septiembre.

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Ayer fue asesinado Guillermo Mendoza Suárez, hijo del presidente municipal de Celaya, Guanajuato, Javier Mendoza Márquez, a menos de una semana de que el municipio registrara unos de los peores días de violencia en sus calles.

Resulta preocupante el mensaje de impunidad que se manda con este asesinato, ocurrido en una de las avenidas principales, a plena luz del día.

Y no se trata de amarillismo o de montar una campaña contra el Gobierno, como se acusa desde Los Pinos, sino de reconocer simple y llanamente que la estrategia de seguridad no funciona.

¿Cuántos efectivos de la Guardia Nacional, de las Policías local y estatal más el personal del Ejército “vigilan’’ ese conflictivo municipio?

Los que sean, pero no están en el lugar correcto en el instante en que se les necesita.

LEG