En medio de la estridencia mediática que se está cruzando con la agenda presidencial de adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, algunas zonas de la República han entrado en tiempos de conflicto por el choque entre dos cárteles nacionales y por el desbordamiento de las extorsiones locales a personas y negocios.

En el punto de la lucha de cárteles, el Estado cuenta con instrumentos legales para enfrentar la violencia irracional y recuperar los territorios capturados por los grupos delictivos. Y en el asunto de las extorsiones, es la hora en que gobernadores y alcaldes se hacen los desentendidos y no quieren aceptar que la crisis tiene que ver con su propia incapacidad para construir estructuras de seguridad con mayores controles y funcionalidades.

La violencia entre cárteles está mandando un mensaje muy claro a la sociedad: la capacidad de fuerza criminal de estos grupos organizados ha rebasado ya a las autoridades locales, es equiparable con la Guardia Nacional y solo puede ser contenido por la hegemonía de las fuerzas armadas. Pero tiene que aclararse que esos cárteles, a su vez, han podido mantenerse vigentes por la incapacidad de las autoridades locales para construir programas de colaboración federal y han preferido desentenderse del problema.

De ahí que la crisis de seguridad de estas últimas semanas escala la responsabilidad de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública con efectos de desestabilización social, pero se requiere que los gobiernos estatales y municipales asuman su responsabilidad y dejen de buscar que el Estado los naneé –funcionar como nana de seguridad– y cumplan con su parte del pacto federal contenido en los transitorios de la reforma que creó la Guardia Nacional.

Zona Zero

  • El mensaje de la alcaldesa de Tijuana pidiéndole a los grupos delictivos que les cobren a las empresas sus deudas y no a la sociedad ha revelado la existencia, ahora sí, de verdaderas bandas organizadas en torno a la extorsión, el cobro de derecho de piso y la venta de protección, tres áreas de la inseguridad que responden a las policías municipales y estatales. Es la hora en que las autoridades locales carecen de inteligencia, capacitación y grupos contra la extorsión como delitos de fuero común y no de fuero federal.

 

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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