Adrian Trejo
 

Sobre los actos de terror que se vivieron el fin de semana pasado hay mil hipótesis del por qué, pero ninguna posición del Gobierno ha dejado que se especule, casi igual que lo hace la delincuencia organizada, sin límite.

¿Ha escuchado un posicionamiento de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, del jefe de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio o del jefe de todos, el presidente Andrés Manuel López Obrador?

¿No?

Hoy seguramente escuchará que es producto de la “herencia del periodo neoliberal’’, o que la culpa es de Calderón que dejó la administración del país hace más de 10 años, o incluso que se trató de una estrategia “de los conservadores’’ para descarrilar el Gobierno de la 4T.

Todo lo que escuche hoy ya lo habrá escuchado desde 2018.

Como candidato presidencial, el 3 de enero de 2018, López Obrador dijo, textualmente, “a mitad del sexenio ya no habrá guerra y vamos a tener una situación totalmente distinta, diferente, vamos a reducir los índices delictivos, ese es mi compromiso. Yo voy a conseguir la paz, ese es mi compromiso, voy a conseguir la paz y voy a terminar con la guerra, no vamos a continuar con la misma estrategia que no ha dado resultados”.

Ganó la Presidencia con un porcentaje de votación que ningún otro candidato había logrado.

Como Presidente electo dijo, en una entrevista semanas antes de asumir el poder, que en cuanto él despachara en Palacio Nacional “se notaría’’ la reducción de los índices de violencia.

Pero eso no pasó.

Las masacres siguieron ocurriendo, el crimen organizado se seguía -se sigue- cebando en la sociedad, así que el 23 de abril de 2019, pidió un plazo de seis meses para pacificar al país.

Cuando se cumplieron esos seis meses se limitó a decir que íbamos “muy bien en materia de seguridad’’.

Pero no era así, según los números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El 15 de julio de 2021, López Obrador volvió a prometer que pacificaría al país.

“Si no se pacifica el país, por más que hagamos, no se acreditará históricamente nuestro (mi) gobierno’’, declaró.

Hace 13 meses de esa declaración y el país padece los resultados de una política de seguridad romántica, por decir lo menos, en la que el Gobierno sigue apostando al combate a la delincuencia organizada con abrazos y librazos, al reparto indiscriminado de dinero pensando que será un incentivo suficiente para alejar a los jóvenes de las garras del narco.

El fin de semana contemplamos, aterrados, por enésima ocasión que por ahí no es.

 

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Lamentablemente las labores de los 10 trabajadores en la mina la Agujita, en Sabinas, Coahuila, se le han complicado al Gobierno.

El pozo se volvió a inundar y, pese al compromiso que existe de rescatar a los mineros, cada vez resulta más complicado para los rescatistas siquiera entrar a la mina.

Existe el compromiso del Gobierno de sacar a los trabajadores, sea cual fuere el tiempo que se necesite.
Así que ahora la administración lopezobradorista tiene dos compromisos con la familia minera: rescatar los cuerpos de los 65 mineros que desde el 19 de febrero de 2006 se encuentran en la mina de Pasta de Conchos y ahora los 10 trabajadores de la mina de Agujita.

Una labor que no solo requiere de tecnología, sino de paciencia y… mucho dinero.

LEG