Carla Humphrey
Foto: Cuartoscuro / Archivo/ Expertos advierten que el crimen organizado no sólo es una amenaza para las elecciones, sino para el Estado mexicano  

Aunque el sistema de fiscalización de recursos en las campañas electorales es muy robusto, la financiación ilícita se comete porque no hay una coordinación eficaz entre autoridades ni consecuencias por infringir la ley, coincidieron autoridades electorales y especialistas.

En el foro 12 de la reforma electoral, la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, enfatizó que no se puede hablar de seguridad en elecciones si no hay consecuencias.

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“No podemos hablar de una fiscalización y de evitar que recursos del crimen organizado o recursos ilícitos estén en las campañas electorales y violenten la equidad, si a final de cuentas las sanciones pasan por multas que seguimos pagando todas y todos, porque las pagan con los propios recursos que les damos”, señaló.

Se pronunció porque se comience a tratar a los partidos políticos como entidades de interés público y exigirles no solo revisar antecedentes de sus candidatos, sino que sean los institutos políticos los que detengan la injerencia de recursos ilícitos en las campañas.

El consejero presidente del Instituto Electoral Estatal en Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas, afirmó que aún con todos los procesos de revisión de los recursos que gastan los partidos en campaña, la prohibición de utilizar otras fuentes de recursos que no sea la pública, se viola.

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“Esto de que por el hecho de que haya financiamiento público no hay financiamiento privado en las campañas, es un mito”.

“El financiamiento privado está prohibido cuando es de personas morales con fines de lucro, eso quiere decir, por ejemplo, que las señoras y los señores constructores no pueden aportar a las campañas, pero en cualquier pueblito o municipio del país sabemos que los constructores están metidos financiando campañas, ¿cómo se explica que ese dinero nunca esté en los reportes?, no existe, pero ahí está ese financiamiento privado ilegal”, expresó Chacón Rojas.

Apuntó que actualmente el INE cuenta con un sistema de fiscalización que es concurrente con el desarrollo de las campañas, lo cual obliga a subir los gastos de manera inmediata al sistema de control y aun así, hay evidencia de que no es suficiente.

“La amenaza del crimen organizado no únicamente es a la integridad de nuestras elecciones y a nuestra democracia. Es una amenaza al Estado mexicano, a nuestra convivencia social y su viabilidad”, advirtió.

Familia LeBarón entrega a diputados la ley Murrieta

Integrantes de la familia LeBarón presentaron a la Comisión de la Reforma Electoral de la Cámara de Diputados una iniciativa para la creación de la Ley Federal para la Protección de Personas Candidatas a Algún Cargo Público.

La propuesta, bautizada como ley Murrieta, se basa en la identificación y creación de nuevos protocolos para la atención inmediata en zonas de alto riesgo en todo el territorio nacional.

En el documento se enfatiza que para generar un cambio es inminente resolver la coordinación entre distintos órdenes de gobierno e instancias administrativas para proteger a los candidatos.

El problema de fondo, señala la iniciativa, se centra en la cooptación e imposición de funcionarios, el financiamiento ilegal de campañas y la complicidad con el crimen organizado, por lo que ninguna política pública aislada dará resultados.

“Nos mataron a nuestro abogado Abel Murrieta mientras era candidato en Sonora, (eso) nos dejó el alma en pedazos y por ello hoy presentamos en su honor esta iniciativa de ley”, señaló Adrián LeBarón en reunión con la presidenta de la Comisión, Graciela Sánchez (Morena).

La legisladora expresó que se le dará trámite al interior de la Comisión, con la intención de que pueda ser debatida en el próximo periodo legislativo.
LEG