Recientemente, el Inegi dio a conocer las tres principales causas de muerte en México durante el año 2021, siendo las afecciones cardiacas la principal, seguida de Covid-19 y diabetes mellitus. Sin tomar en cuenta lo intempestiva que fue la irrupción de la pandemia en nuestro sistema de salud, queda claro que las otras dos afecciones son prevenibles, pero están fuertemente vinculadas a la mala alimentación y la falta de activación física.
Estos datos son una llamada de atención para las autoridades mexicanas sobre la urgencia de crear nuevos mecanismos para reducir la oferta de comida chatarra en el mercado y aumentar la de alimentos nutritivos, mediante mecanismos tan diversos como la simplificación de trámites y la reducción de tiempos para la constitución formal de una empresa; la incubación de cooperativas en zonas rurales para integrarlas a las cadenas de valor en las ciudades, o el otorgamiento de estímulos fiscales a empresas que busquen ofrecer alternativas de alimentación sustentable y accesible.
En otro estudio también recientemente publicado por el Instituto, titulado Cuantificando la clase media en México 2010-2020, quedó de relieve la marcada desigualdad y la pobreza que no se han podido disminuir en forma consistente. De 2010 a 2020, el porcentaje de la población en la clase baja aumentó del 59.1%, al 62%; mientras que la clase alta y la clase media se redujeron, al pasar del 1.7 al 0.8%, y del 39.2 al 37.2%, respectivamente. Considerando que estas cifras se calcularon con datos prepandemia, podemos asegurar que la situación actual es todavía más alarmante.
Por si fuera poco, la actualidad nos impone retos que hace años se venían anunciando, como la sequía y los altos niveles de estrés hídrico que viven distintas regiones de México. En este sentido habló la presidenta del Inegi, Graciela Márquez Colín, durante su participación en la décima reunión ordinaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, de la Cámara de Diputados, ahondando en la urgencia de modernizar la infraestructura y las normas para garantizar el acceso al agua a todas las personas.
Este evento nos recuerda otro estudio, pero del Instituto Belisario Domínguez, publicado hace dos meses: Iniciativas que abrogan o modifican la Ley de Aguas Nacionales presentadas en el Senado de la República (LXV Legislatura), en el que se recalca el rezago legislativo que ha impedido la expedición de la Ley General de Aguas, desde que en 2012 se reconoció en el texto constitucional el derecho humano al vital líquido como una obligación del Estado mexicano.
Sin los apoyos sociales y la gestión oportuna de vacunas y los recursos hidráulicos, la sequía y las crisis sanitaria y económica habrían golpeado más duramente a las familias con menos recursos. No cabe duda de que el Gobierno de nuestro país actuó de manera responsable en esos tres rubros; sin embargo, hacen falta —entre otras acciones— ajustes a la progresividad fiscal, para combatir realmente la desigualdad, en el entendido de que la asistencia social es sólo un salvavidas que debe funcionar a la par que se construye una barca que permita llevarnos a tierra. O, en otras palabras, mecanismos efectivos de movilidad social y redistribución de la riqueza.
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