Tres necropsias después, las Fiscalías de Justicia de la CDMX y la de Nuevo León, apoyados por un forense externo, determinaron que la joven Debanhi Escobar murió por asfixia por sofocación.

Es decir, que la mataron.

Que fue asfixiada y no murió, como aseguró la Fiscalía de Nuevo León, el 22 de abril pasado, “como consecuencia de una contusión profunda de cráneo’’, provocada, aparentemente, al caer en la cisterna que nadie inspeccionó en 12 días.

Ni se ahogó, ni se pegó en la cabeza.

La mataron.

¿Por qué debe interesar a la sociedad un caso de nota roja al que lamentablemente nos hemos acostumbrado en el país?

En especial, el caso de Debanhi, ha evidenciado la incapacidad de las autoridades para concluir una investigación.

Desde el inicio de las pesquisas, la fiscalía local fue dando traspiés, al grado que el propio gobernador, Samuel García, tuvo que pedir orden y el expediente para saber qué es lo que realmente estaba ocurriendo.

Por las razones que sean, corrupción, ineficiencia comprobada, desinterés, motivos políticos, la que usted quiera o todas juntas, las autoridades locales creyeron que con su versión de la contusión y con el cadáver en la fosa, el caso se había cerrado.

Solo la porfía de los padres que rechazaron la versión oficial provocó una tercera necropsia en la que se determinó que la joven fue asfixiada, que permaneció secuestrada unos días antes de su muerte y que no se encontraron huellas de abuso sexual.

Pareciera -y solo eso, pareciera-, que desde la primera necropsia las autoridades locales trataron de ocultar las causas reales de la muerte de Debanhi.

¿Con qué fines?

Eso tendrá que ser objeto de una investigación mayor, a la par de la que se tendrá que hacer sobre el homicidio de la joven neoleonesa bajo la luz de los nuevos hallazgos.

Por lo pronto, el gobernador Samuel García, que enfrenta una de las peores sequías en la historia del estado, deberá decidir si, finalmente, despide a su fiscal, con el cual ni siquiera se dirige la palabra.

Eso, o esperar una cuarta necropsia a ver si el resultado es que “se suicidó’’.

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Parece que la captura de Rafael Caro Quintero beneficiará a los “chapitos’’, con los que el capo tenía enfrentamientos por el control de la frontera de Sonora con Estados Unidos.

Los “chapitos’’ ayudaron a Caro Quintero en los primeros meses después de su salida de Puente Grande, en 2013, pero cuando el jalisciense trató de rehacer su cártel y apropiarse de Sonora, rompieron con él.

Esa ruptura desató una ola de violencia que se ha extendido por todo Sonora y alcanza a otros estados.

Por eso, en las altas esferas gubernamentales, se considera que la recomposición que precede a la caída de una cabeza de cártel beneficiará a los hijos del “Chapo Guzmán’’, que andan desatados.

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Este Gobierno pasará a la historia por haber patentado la forma de pasarse la ley por el arco del triunfo.

Para evadir el cumplimiento de la ley, es decir de los amparos obtenidos por grupos que se oponen al actual trazo del tramo cinco del Tren Maya, declararon a la obra como “de seguridad nacional’’.

Y tan tán.

A darle paso a los trascabos y aplanadoras, no importan vestigios o medio ambiente, selvas o cenotes.

Cuando las organizaciones que ganaron el amparo decidan interponer un recurso ante la Corte, quizá el tramo en cuestión esté concluido.

Ni hablar.

LEG