La estrategia gubernamental de seguridad ha entrado en una zona de turbulencia por dos razones:
1.- La afectación de sectores vulnerables con alto impacto social, como fue el asesinato circunstancial de dos sacerdotes jesuitas en la lejana zona tarahumara.
2.- La decisión del líder senatorial morenista Ricardo Monreal Ávila de utilizar la seguridad pública como una variable en la construcción de su precandidatura presidencial para 2024.
En los hechos duros, ambas circunstancias obedecen a razones ajenas a un interés social o institucional sobre la seguridad pública y se montaron en un ambiente fuera del control político: el involucramiento de la Iglesia católica en decisiones terrenales como la seguridad y la politización de la seguridad que estaría metiendo ruido sucesorio a una agenda de disputa por la candidatura presidencial de Morena.
El asesinato de dos sacerdotes en una zona lejana rural fue producto de las circunstancias, aunque también tuvo que ver con una falla en el área de inteligencia para la seguridad, además de que exhibió el descuido de autoridades estatales y municipales en la seguridad de sus territorios inmediatos.
El senador Monreal podría estar jugando con fuego al meter el tema de la seguridad pública al territorio pantanoso de la disputa por la candidatura presidencial. La estrategia de seguridad tiene espacios legislativos para su discusión, pero no se puede ocultar el hecho de que la marginación de Monreal del proceso sucesorio de Morena llevó al anuncio de que la próxima semana el Senado sometería a análisis riguroso a la política de seguridad.
Lo peor que le puede ocurrir a toda política de seguridad es llevar a planteamientos terminales tipo la Iglesia católica exigiendo el regreso a la narcoguerra contra los cárteles y debatir una posible precandidatura criticando uno de los programas clave del presidente de la República.
Zona Zero
- La crisis de seguridad provocada por el asesinato de dos jesuitas en la sierra Tarahumara ha revelado que el problema de la violencia no es solo de cárteles, sino de bandas delictivas que han tomado el control territorial de zonas de la República para exigir cuotas o impuestos criminales a cambio de la venta de protección que no pueden garantizar las fuerzas federales de seguridad.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh