En el país de las paradojas, resulta que el principal apologista del crimen organizado, el productor Epigmenio Ibarra, es a la vez el principal crítico de la guerra que declaró el expresidente Felipe Calderón a la delincuencia organizada.

Ibarra, como es público, produjo las narcoseries más famosas, en las que se exalta la vida que “regala’’ ser sicario, traficante, narco-político, todo un menú de personalidades dignas de ser imitadas.

El problema no es Ibarra y su discurso primitivo e interesado del origen de la violencia que azota el país.

El problema es que el actual Gobierno sigue sin asumir la parte de la responsabilidad que le corresponde en este desastre en el que se ha convertido la seguridad pública.

Los pretextos han suplido a las soluciones; las justificaciones a los resultados.

El Gobierno de López Obrador ha sido selectivo en el reparto de culpas: todo es responsabilidad de Calderón, pero se salta convenientemente el sexenio de Enrique Peña Nieto y la parte de responsabilidad que le corresponde.

Lo mismo pasa con Ibarra a quien, por cierto, el Gobierno le concedió un crédito de 150 millones de pesos quién sabe con qué garantías.

El productor estrella de las narcoseries debería colaborar con la estrategia para contener la delincuencia dejando de hacer apología de estos personajes.

Por un parte defiende la política -es un decir- de seguridad de López Obrador de “atacar desde la raíz’’ el problema, entregando dinero a los jóvenes para evitar que caigan en las redes de los grupos criminales, y por el otro les vende en televisión un estilo de vida plagado de glamour que solo se obtiene si eres un delincuente exitoso.

Pero la culpa es de Calderón.

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Los trabajadores sindicalizados de Teléfonos de México que ganen menos de mil 122 pesos diarios, recibirán un incremento salarial retroactivo al mes de abril de 4.5 por ciento.

Para quienes ganen arriba de esa cantidad, recibirán un incremento de 50.5 pesos diarios, también retroactivo al mes de abril.

Los aumentos se aplican también a los trabajadores jubilados, lo que hace del contrato colectivo de trabajo de Telmex uno de los que pagan mejores prestaciones a sus trabajadores sindicalizados.

Faltan algunos temas por negociar entre la empresa que encabeza Héctor Slim Seade y el sindicato representado por Francisco Hernández Juárez.

La lección de esta revisión del contrato colectivo es que cuando se pone voluntad a la negociación, ambas partes se pueden beneficiar.

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Ya que andamos en estos temas de sindicatos, ayer trabajadores de base del sindicato mayoritario del Senado de la República se manifestaron durante la sesión de la Comisión Permanente para pedir la destitución de la dirigente, Bertha Orozco Márquez, a quien acusan de medrar con el cargo.

Doña Bertha ha estado al frente del sindicato durante 12 años, en los cuales, según los trabajadores disidentes, no ha rendido cuentas y manipulado a la base sindical por medio de dos “esquiroles’’ cuyos nombres son Martín Sandoval y Eliazar San Agustín.

Hay varias denuncias presentadas en la Contraloría Interna del Senado y ante autoridades laborales en contra de la dirigente en las que se le acusa de vender al mejor postor, a los cuates o familiares, las comisiones sindicales.

También la acusan de condicionar el otorgamiento de becas y prestaciones de carácter colectivo.

Y aunque el conflicto ya tiene sus años, nada se ha hecho, lo que provocó que la disidencia tomará ayer las instalaciones sindicales.

A ver.

LEG